Durante los últimos seis meses, las autoridades del Ministerio Público han sometido a la justicia a 36 personas en cuatro casos por presunta corrupción y en todos ellos hay una cosa en común: delatores o colaboradores.
En los procesos denominados Pulpo, Coral, Operación 13 y Medusa, los fiscales anticorrupción han tenido una gran ayuda, los mismos imputados ofrecen informaciones. ¿A cambio de qué? Posiblemente de mejores tratos.
Contra aquellos que han proporcionado datos de cómo funciona la corrupción y pruebas para inculpar a los demás, el Ministerio Público no solicita prisión preventiva, sino una medida de coerción menos gravosa y, además, les ofrece protección.
Seguridad garantizada
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró, en mayo pasado, que “todo el que colabore con una investigación del Ministerio Público tendrá toda la seguridad que sea necesaria para garantizar su integridad física y las de sus familiares”.
La afirmación de Camacho se dio, tras el mayor Raúl Girón, implicado en el caso Coral, revelar las maniobras de la red para desviar fondos de entidades castrenses sindicada al mayor general Adán Cáceres Silvestre. Todos recuerdan esa noche en la que, en la audiencia de medida de coerción, Girón habló durante dos horas.
Pero antes de este caso, ya otro imputado había tomado ese camino. El excontralor de la República, Rafael Germosén Andújar, del caso Pulpo, dio detalles a la Pepca sobre el entramado en diferentes entidades públicas, supuestamente creado por Alexis Medina, con había estafado al Estado con más de 4 mil millones de pesos.
No siempre es un solo delator. En el fraude en la Lotería, cuyo imputados fueron apresados mediante la Operación 13, fueron varios lo que decidieron hablar un buen rato con los fiscales. Seis de 10 vinculados colaboraron con las autoridades Ellos son Miguel Mejía, Valentina Rosario, Carlos Berigüete, Jonathan Brea Rafael Mesa y Felipe Santiago.
La delatora caso Medusa fue sometida en 2020
Y en el caso más reciente, Medusa, donde se les imputan actos de corrupción, estafa contra el Estado, al exprocurador Jean Alain y otras siete personas, hay una delatora, que no figura como procesada. Se trata de Rainiery Medina, exencargada del Almacén de la Procuraduría, quien fue sometida por otro caso en octubre de 2020, ya que se le acusa de haber robado 700 televisores.
