El general Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, implicados en el caso Coral, no han podido salir de prisión “por no contar con el dinero suficiente” para pagar la fianza que les impuso una jueza cuando les varió la medida de coerción por arresto domiciliario.
Así lo aseguraron sus abogados luego de que la jueza Yanibet Rivas dispuso que el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) pague 100 millones de pesos, mientras que para la pastora ordenó una garantía económica de 50 millones.
Aunque pueden pagar mediante una compañía aseguradora, que les cobra un 10 por ciento del monto total, los abogados de Cáceres indicaron que “el dinero no es fácil de conseguir”, debido a que su cliente tiene sus cuentas congeladas y sus bienes incautados.
Dice buscan alternativas
El militar tiene que pagar 10 millones de pesos a la aseguradora para poder salir de la cárcel Najayo, en donde tiene un año y medio recluido.
“Estamos valorando las alternativas que tenemos (para poder pagar), como ustedes saben el monto que estableció la jueza fue muy alto, y nuestro cliente tiene todos sus bienes y fondos incautados, entonces no es sencillo, independientemente de lo que se pueda creer, conseguir esa cantidad de dinero”, dijo el jurista Romer Jiménez.
Indicó que están evaluando la situación y la decisión de la jueza para determinar si la apelarán ante un tribunal de alzada.
En la misma situación se encuentra la pastora Rossy Guzmán, según informó su abogado. En su caso tiene que pagar una prima de cinco millones de pesos a la aseguradora, debido a que la fianza es de 50 millones de pesos.
“Rossy Guzmán no tiene dinero para pagar esa prima”, afirmó el togado Héctor López Rodríguez, quien agregó que están realizando las diligencias con iglesias, amigos y familiares para ver cómo se puede obtener la fianza.
A esto se suma que también deben costear los grilletes electrónicos que la jueza les mandó a colocar a ella y a su hijo Tanner Flete Guzmán, también implicado en el caso. El dispositivo lo deben usar mientras estén cumpliendo arresto domiciliario en sus casas.
De acuerdo con el jurista, el costo por los localizadores es de 450 dólares mensuales.
“De dónde van a sacar dinero si sus cuentas están congeladas, sus bienes están todos incautados, entonces al final es una medida de coerción que lo que está disfrazado es una prisión”, expuso.
Tiene que pagar por usar el grillete electrónico
Sobre Flete Guzmán, el abogado explicó que ya pudieron obtener el dinero prestado para pagar el grillete, aunque todavía no está en su casa debido a los trámites judiciales.
Al ser preguntado sobre esto, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo: “Ellos tienen que ejecutar la decisión que ha ejecutado el tribunal o hacer uso de las vías que establece la ley”.
