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En la audiencia preliminar, imputados del caso Pulpo continuaron ayer defendiéndose de las acusaciones que le hace la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El empresario José Idelfonso Correa Martínez expresó que es un hombre millonario desde antes de ser funcionario en el Estado y que el Ministerio Público lo involucró en el proceso por 200 mil pesos.

El imputado, quien en su último cargo en tren gubernamental se desempeñaba como gerente de Edeesur, aseguró que con Alexis Medina, principal imputado de la Operación Antipulpo, nunca hizo negocio, sino más bien tiene una estrecha relación de amistad.

Durante la audiencia preliminar en el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, el imputado dijo que en el 2010 alojó a Medina en su apartamento cuando éste se divorció de esposa.

Recordó que fue embajador durante el periodo de gobierno del PLD 1996-2000; ratificado en el cargo en el gobierno del presidente Hipólito Mejía 2000-2004; director de operaciones de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y director internacional de Autoridad Portuaria Dominicana.

Imputados se defienden del MP

Mientras que Antonio Florentino, acusado de ser testaferro de Alexis Medina, dijo que nunca ha hecho negocios turbios fuera de la ley. Sostuvo que con Medina estuvo intenciones de hacer negocios, pero que nunca se concretó.

Lina Ercilia de la Cruz, acusada de desviar fondos, falsificación, desfalco cuando fue consultora jurídica de la Oisoe, expresó que siempre actuó “apegada al debido proceso”.

Mirna Ortiz, representante de la Pepca, dijo que las declaraciones de los imputados, “lo único que ha logrado es colocarlos a ellos dentro de la estructura de Alexis Medina”.

Estado dominicano presentó acusación

La representación legal del Estado presentó los informes de auditorías donde supuestamente se da a conocer que el alegado entramado de corrupción, estafó al Estado con más de 23 mil millones de pesos. “De manera que Estado no solamente acreditó su condición de víctima, sino demostró el perjuicio sufrido y por ello pidió medida de coerción real”, expresó Jorge López.

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