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El juez Amauri Martínez además ordenó que el Ministerio Público debe notificar la acusación dentro de 20 días

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, acogió la petición de la defensa de los implicados en la alegada red de corrupción, desmantelada con la operación Medusa, que solicitó extender el plazo para poder estudiar el expediente y presentar su material en la audiencia preliminar del caso.

El inicio de la audiencia preliminar del caso fue reenviado para el 19 de diciembre del presente año, donde serán juzgados más de 3 mil pruebas que presentó el Ministerio Público en contra de 41 imputados y 22 empresas en el expediente de 12 mil páginas.

El magistrado dictaminó que el Ministerio Público dentro de 20 días, vía la secretaría del tribunal, debe notificar el escrito de la acusación, así como el disco duro donde se presentan las pruebas de los imputados. En este período de tiempo debe estar disponible por si cualquiera de la defensa lo requiera.

El juez también ordenó que el órgano persecutor debe depositar, vía secretaria del tribunal, las pruebas que tienen en contra de los imputados de manera física para las partes que lo quieran.

De igual manera, decidió que elMinisterio Público debe notificar las etapas del proceso en las nuevas residencias que tienen algunos de los implicados en el caso Medusa.

“Vencido ese plazo, 10 días hábiles, para que la secretaria del tribunal pueda dar lugar a notificar la defensa técnicas”, indicó el magistrado.

Luego que se agote este proceso, el juez dio un plazo de 60 días hábiles para que las defensas de los imputados en caso Medusa puedan estudiar el expediente y presentar su material de defensa en la audiencia preliminar del caso.

Sobre los querellantes secundarios, Estado dominicano y la fundación Alfredo Nobel, el juez acogió el pedimento de la defensa, de que no tenían calidades porque su querella, constituidos en actores civiles y con las que buscan reparación de parte de los acusados, no había sido notificada y el Tribunal no tenía conocimiento de la misma.

Expediente e imputados

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a los implicados en el caso Medusa de crear un entramado, supuestamente dirigido por Rodríguez, para distraer miles de millones de pesos de la Procuraduría mediante una serie de maniobras. Los cargos en su contra van desde estafa contra el Estado, sobornos, prevaricación, lavado de activos, coalición de funcionarios, hasta delitos de alta tecnología.

Por el caso guardan prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

Por igual son imputados en el caso, pero no cumplen medidas de coerción Rolando Sebelén Torres, cuñado del exprocurador Rodríguez; José Estrada, César Nicolás Rizik, Hilda Cristina Jackson y José Alberto Abbot, madre y suegro de José Estrada.

También Juan Asael Martínez, Vianela Pimentel y Giselle del Carmen Molano, hermano, madre y esposa de César Nicolás Rizik, respectivamente.

Por igual, en la lista de los acusados figura Ramón Burgos Acosta, quien fue director del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec), y Alejandro Martín Rosa, quien fue director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público. Además son imputados Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.

Asimismo, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Féliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.

Entre las empresas imputadas están Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl, Dimamor Group, Herrage Rachel. entre otras.

“Nosotros no negociamos con terroristas”

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso le expresó este viernes a la defensa de los implicados en la alegada red de corrupción desmantelada con la operación Medusa, que con el Ministerio Público no se llega a ningún acuerdo utilizando prácticas desleales. “Quiero también decir que si alguien crees que con este Ministerio Público se llega aún acuerdo utilizando prácticas desleales, no nos conoces, y le invito a que vean un poco más las acciones del Ministerio Público”, manifestó Reynoso. La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público fue enfática en señalar que el órgano persecutor, bajo ninguna circunstancia, recibe extorsiones procesales de ninguna de las partes de los imputados.
“Ahí aplicamos un principio americano: Nosotros no negociamos con terroristas”, resaltó durante la audiencia preliminar de los implicados en la alegada red de corrupción desmantelada con la operación Medusa.

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