La magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitirá este viernes su decisión sobre si envía a juicio de fondo a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros implicados en el caso Calamar.
El fallo está programado para las 3:00 de la tarde, mientras que a las 9:00 de la mañana dará a conocer su decisión en torno al exsenador Rafael Porfirio Calderón, quien fue separado provisionalmente del proceso por razones de salud.
La Operación Calamar es, según el Ministerio Público, el mayor caso de corrupción administrativa que se ventila actualmente en los tribunales del país.
El expediente tiene como principales imputados a los exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y de Obras Públicas, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, respectivamente, y envuelve la suma de RD$41,000 millones.
El Ministerio Público presentó acusación contra 47 personas físicas y jurídicas. Además de los tres exministros, el expediente incluye al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También están señalados el exsenador de Azua, Rafael Calderón, y Daniel Guerrero, hijo de Donald Guerrero, así como los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, entre otros.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó al tribunal dictar auto de apertura a juicio contra todos los implicados, para que respondan por los hechos que se les imputan. La defensa, por su parte, pidió que se emita un auto de “no ha lugar”, alegando insuficiencia de pruebas.
El director nacional de Prosecución de la Procuraduría General, Wilson Camacho, afirmó que “no existe razón jurídica para que el tribunal frene el envío a juicio de los 46 encartados en el expediente”. 
Las defensas de los tres exministros coincidieron en que el Ministerio Público no logró sostener con pruebas suficientes las acusaciones formuladas.
En el caso de José Ramón Peralta, su representación legal cuestionó la legalidad de diversos interrogatorios, alegando vulneraciones al debido proceso. Los abogados de Gonzalo Castillo denunciaron presuntas irregularidades vinculadas al depósito de la acusación y a la obtención de pruebas periciales fuera de los plazos legales.
El proceso lleva más de cuatro años en etapa preliminar. La primera audiencia estaba fijada para el 17 de junio de 2024, y desde entonces el expediente pasó por las manos de varias juezas y fue aplazado en múltiples ocasiones.
El Ministerio Público atribuyó esas dilaciones a tácticas de los imputados, mientras las defensas sostienen que el caso presenta debilidades procesales.
El fallo se produce en un momento de alta sensibilidad política: sectores del PRM han planteado la posibilidad de un acuerdo electoral con el PLD, partido al que pertenece Castillo, quien a pesar del proceso en su contra se ha lanzado a aspirar a la presidencia de la República.
