Luis Henry Molina asegura que la “justicia tiene problemas que tenemos que solucionar”

Desde el mobiliario de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la lectura de discurso en dispositivos electrónicos y no en papel, hasta nueva disposiciones que tienen que cumplir los jueces, son algunos de los cambios que ha hecho el presidente de la alta corte que apenas tiene nueve meses en el cargo. Luis Henry Molina fue elegido, en medio de cuestionamientos por su militancia peledeísta, para presidir la SCJ y el Poder Judicial el 4 abril pasado y cinco días después tomó posesión del cargo, donde aseguró que se enfrentaría a varios retos, pero que los asumiría con decisión y señaló como urgente la tarea de agilizar los procesos por medio de la tecnología.

Molina está consciente del trabajo que tiene por delante. El pasado 18 de diciembre afirmó que el sistema judicial del país tiene problemas que tiene que solucionar, pero que aun así se ha estado fortaleciendo.

“La justicia dominicana, en toda la región, como cualquier otra tiene problemas, que tenemos que solucionar, situaciones que tenemos que cambiar, pero yo creo que la justicia dominicana ha venido fortaleciéndose y que la justicia dominicana puede seguir fortaleciéndose y que no todo está terminado, que tenemos un gran reto hacia delante pero tenemos lo más importante, que es el ser humano, que son cada uno de los servidores judiciales y los jueces dominicanos”, expresó ese día en el primer encuentro que sostuvo con los periodistas que cubren la fuente.

A su consideración el sistema de justicia en la República Dominicana es como cualquier otro en América Latina, Europa o Estados Unidos, el cual indicó va a depender de sus jueces, su integridad y la capacidad de actuar como corresponde.

Nuevas medidas

Entre los cambios que ha implementado está que los jueces deben de abstener de mantener reuniones con las partes involucradas en un proceso, evitar la exposición social con estos o sus representantes legales.

En agosto el Consejo del Poder Judicial (CPJ), el cual preside, dispuso, mediante Resolución núm. 008-2019, que los magistrados dominicanos no pueden conversar por separado con las partes de procesos que estén ante su consideración, sin previa notificación a la contraparte o sus abogados.

Al dar a conocer la resolución el Consejo indicó que todas estas medidas han sido adoptadas en aras de fortalecer la transparencia e igualdad, y caminar hacia una Justicia más íntegra, confiable e imparcial.

El propio Molina aseguró, mediante un comunicado institucional, que se comprometía a cumplir de los principios del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, “para ofrecer garantías instrumentales a la tutela judicial efectiva y cuidar la conducta del juez y de los servidores judiciales”.

La medida no fue bien vista por los juristas. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún, aseguró en ese momento que sería una perturbación al sistema de justicia de que los jueces no pueden reunirse con ninguna de las partes involucradas en un caso que conozcan. Dijo que los jueces tienen la obligación de recibir de manera pública y trasparente a todas las partes que así lo requieran.

Otras de las medidas fue la puesta en circulación de la “Guía de buenas prácticas para el manejo de casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género para jueces, juezas y servidores judiciales”, donde se expone una serie de disposiciones que deben ser implementadas para brindar mayores garantías a la integridad de las víctimas de violencia.

Anteriormente no existía un plan que detallara los planes a seguir para contrarrestar este flagelo, que en el 2019 se cobró la vida de aproximadamente 80 mujeres.

Jueces investigados no pueden ser suspendidos

En esta gestión los jueces que son investigados por presuntamente cometer alguna falta en el ejercicio de sus funciones no podrán ser suspendidos hasta tanto no se tenga una sentencia definitiva sobre el caso.

Molina sostuvo que la suspensión de un juez antes de una sentencia definitiva era realizada en el pasado, “eso no es correcto”.

“Hasta tanto un servidor público no se le comprueba el haber hecho algo contrario a la disciplina no se le puede suspender, ni se le puede quitar su salario, porque será injusto que a una persona que no se le ha probado que ha cometido un hecho que es disciplinario”, afirmó.

Un ejemplo palpable de esto es que los jueces que homologaron los acuerdos mediante los cuales los feminicidas de Anibel González y Juana Domínguez, salieron en libertad y luego las asesinaron, no están suspendidos de sus funciones. Dijo que la investigación al respecto ya terminó y se está llevado a cabo el proceso correspondiente.

Otros cambios

También, Molina dispuso cambios en los actos a realizarse el próximo 7 de enero, Día del Poder Judicial. Este año en la audiencia donde se pronunciará su discurso central se hará a las 9:00 de la mañana y no a las 11:00 de la mañana como antes. En cambio, a esta hora entonces se oficiará una misa de acción de gracia en la Catedral Primada de América, en la Ciudad Colonial.

Anteriormente se realizaba en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, en la Feria, pero este año será sometida a una remodelación.
Uno de los últimos cambios hechos es el mobiliario de las oficinas de la SCJ. Va desde sillas, muebles, escritorios y hasta equipos tecnológicos.

En SCJ hay 18 mil casos pendientes de sentencia

Uno de los desafíos por delante y de los que está consciente Molina es la mora judicial. Él mismo reveló, en un encuentro navideño con la prensa, que en los últimos 30 años en el Suprema Corte de Justicia hay 18 mil casos pendientes de sentencia. Esto se dividen entre las tres Salas existentes, las Salas Reunidas (compuesta por las tres salas y es el órgano competente para conocer del segundo recurso de casación, con motivo de un envío realizado por cualquiera de las salas.) y el Pleno (conformado por todos los jueces y es el órgano de mayor jerarquía). La implementación de nuevas tecnologías y otras técnicas para agilizar los casos es un tema urgente que se hace necesario para dar respuesta a la demanda de la población.

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