Santiago.– El caso de la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida durante una actividad escolar del Instituto Leonardo Da Vinci, tomó otro escenario luego de que su madre, Lovelie Joseph Raphael, presentara, a través de sus abogados, una querella y constitución en actor civil contra los directivos del centro educativo y los propietarios de la Hacienda Los Caballos, donde ocurrió la tragedia.
Joseph Raphael, de nacionalidad haitiana, acudió al Ministerio Público acompañada de sus abogados Miguel Valdemar Díaz Salazar, Shesnel Alejandro Calcaño Mena y Luis Arturo Acosta Balbuena, para solicitar que todos los responsables, institucionales e individuales, sean procesados penalmente y obligados a reparar los daños causados por la muerte de su hija.
La querella incluye a la entidad Asociación Leonardo Da Vinci, Inc., así como a una cadena de actores institucionales y administrativos que, según la madre, contribuyeron, con acciones u omisiones, a la muerte de la menor de 11 años. Entre los señalados figuran:
Directivos del Instituto Da Vinci
- Eduardo Rafael Estévez Bretón, presidente de la Asociación.
- Freddy Núñez, director académico.
- Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general.
- Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora.
- Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora de nivel.
- Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa.
Propietarios y encargados de Hacienda Los Caballos
7. Hacienda Los Caballos SRL.
8. Pedro Pablo Muñoz Puntiel, encargado del recinto.
9. Víctor Manuel Muñoz, propietario.
10. Dominga Blanco Muñoz, propietaria.
La querella sostiene que tanto el centro educativo como la hacienda actuaron con negligencia grave, incumpliendo normas de seguridad, supervisión y protección a menores, lo cual —según el documento— permitió que Stephora muriera por ahogamiento durante la actividad denominada Agasajo Guardia de Honor.
“Mi hija murió por negligencia; todos los responsables deben responder”.
Los abogados explicaron que la querella no solo busca establecer responsabilidad penal, sino también daños y perjuicios, dado que la muerte ocurrió bajo custodia institucional y en un entorno donde se omitieron medidas básicas de seguridad.
El fallecimiento de Stephora, captado por cámaras de seguridad, ha generado gran indignación pública debido a que —según las investigaciones— la niña permaneció más de 30 minutos ahogándose sin supervisión, mientras personal del colegio se encontraba distraído o alejado de la piscina.
A esto se suma que la actividad se realizó en violación a la orden departamental 09/2009 del Ministerio de Educación, que prohíbe excursiones escolares a piscinas, balnearios y otros lugares de riesgo.
