El juicio por corrupción y asesinato de Yuniol Ramírez continúa el próximo lunes en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional
SANTO DOMINGO- El Ministerio Público aseguró este miércoles que en el juicio que se sigue por el asesinato de Yuniol Ramírez Ferreras y los actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) ha aportado pruebas suficientes que vinculan con actos de corrupción administrativa a Manuel Rivas.
El juicio se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa en la OMSA.
También, contra Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, así como de José Mercado (el Grande), Víctor Ravelo Campos (el Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
El crimen, registrado en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte. Rivas fue nombrado en el cargo en agosto de 2012 y cuando ocurrió el asesinato se encontraba dirigiendo esa institución.
El procurador de corte Pedro Frías, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que durante el juicio contra los imputados de esos casos quedó totalmente probado que del dinero que obtenía la OMSA producto de las relaciones comerciales con tres empresas se beneficiaba Manuel Rivas.
“Eso quedó sentado en el tribunal, totalmente probado”, dijo Frías al ser abordado por miembros de la prensa
“Los utilizaba para beneficio personales y así lo establecieron varios testigos al momento de deponer al tribunal”, añadió.
Respecto a Faustino Rosario Díaz, dijo que el experto que analizó sus declaraciones juradas, también estableció un incremento patrimonial manifiesto producto de las actividades ilícitas que éste realizaba en la OMSA.
Luego de completar la agenda del día, las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, dispusieron el aplazamiento de la audiencia para el próximo lunes 25 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana.
