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La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), acusa a un grupo implicado en la Operación Cattleya de traer al país a mujeres, principalmente colombianas, para ser explotada sexualmente en centros de prostitución.

El modus operandi de la red transnacional dedicada a la trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial, consistía en que una vez traían al país a las víctimas, eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre 3,000 y 4,000 dólares.

Además, el Ministerio Público en su expediente dice que la red les obligaba a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.

El órgano persecutor, con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras organizaciones de carácter internacional, había iniciado la investigación hace nueve meses.

Como parte de la operación Cattleya, el Ministerio Público investiga al menos a 14 personas por la comisión del delito de trata, incluyendo a dos procedentes de Colombia y seis de Venezuela. Durante los operativos rescataron al menos 80 víctimas.

Según el expediente, los imputados crearon una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para la comisión del ilícito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial. Las jóvenes eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.

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