La adopción de un Código Penal consensuado y moderno es uno de los principales retos para este 2024
Al conmemorarse ayer el Día del Poder Judicial, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Defensor del Pueblo valoraron los logros alcanzados e identificaron los retos en la aplicación de la justicia de cara al 2024.
Dentro de los desafíos pendientes con respecto al sistema de justicia, Finjus consideró que se debe continuar el fortalecimiento de los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan en él.
En el plano institucional, destacó que permanece en la agenda prioritaria de la nación un conjunto de reformas que tendrán un impacto significativo en la acción del sistema de justicia y que deben ser abordadas en 2024.
Entre ellas citó la modificación de la ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, No. 10-07; la adopción de un Código Penal consensuado y moderno; una nueva ley de Contrataciones Públicas; la ley sobre trata de personas y el establecimiento del Ministerio de Justicia.
Sobrepoblación carcelaria
Para Finjus, es imprescindible que las instituciones del sistema penal unifiquen esfuerzos para abordar de forma urgente y prioritaria la sobrepoblación penitenciaria.
En tal sentido, hizo énfasis en que debe conocerse y evaluarse la situación particular de cada interno para desarrollar alternativas funcionales en el marco del respeto a sus derechos y evolución del sistema.
“Hay que reconocer que la situación de sobrepoblación de los recintos pone en evidencia la urgencia de dignificar el sistema penitenciario”, dijo.
Recordó que la dignidad del ser humano es inviolable y constituye un derecho fundamental para todas aquellas personas privadas de libertad, por lo que insistió que debe respetarse su integridad física, psicológica y moral, ofreciendo condiciones salubres eficientes encaminadas a ofrecer un trato humano justo.
Desnaturalización prisión preventiva
En cuanto a la aplicabilidad de la norma jurídica para impartir justicia, la entidad civil indicó “que si bien se busca lograr un sistema donde la impunidad se reduzca a niveles mínimos, es importante asegurar que los encargados de impartir justicia y/o los actores y auxiliares del sistema mantengan su discrecionalidad y sentido de responsabilidad en las actuaciones que realizan”.
En su planteamiento señaló que un aspecto que genera inquietud y debate es la aplicación de la privación de libertad de forma preventiva como medida de coerción. “Consideramos que la cantidad de casos con esta medida debe ser tutelada. Para evitar la desnaturalización de la misma, es fundamental que se tome como punto de partida garantizar la presencia del imputado en el proceso y por ante la jurisdicción correspondiente”, ponderó la entidad.
Explicó que la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y sólo aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado, elemento que no puede desvirtuarse.
“Por regla general, sólo frente a los casos que impliquen mayor gravedad y complejidad es que se debe procesar judicialmente con esta medida”, precisó.
Racionalización persecución penal
La Fundación Institucionalidad y Justicia resaltó que a lo largo del 2023 se hizo evidente la importancia de la racionalización de la persecución penal, que debe conducir a la persecución estratégica de los crímenes, como uno de los principales retos que debemos enfrentar en este 2024.
“Es necesario tomar en cuenta el grado de afectación al bien jurídico protegido y priorizar soluciones no punitivas. En este sentido, es esencial que se vele por una atención especializada a las víctimas, sin dejar de lado la garantía del debido proceso”, valoró.
El debido proceso
En conclusión, Finjus reiteró la importancia del debido proceso en el marco institucional. “De este modo, la debida garantía de los derechos de las personas, bajo el apoyo de tribunales competentes, requieren que la potestad punitiva del Estado cumpla sus etapas de investigación y sanción cuando la culpabilidad sobre un hecho ilícito le sea probada a cualquier individuo”, afirmó.
Reconocen avances
En su valoración, Finjus manifestó que el 2023 fue un año donde se pusieron en práctica relevantes normativas para el avance de la aplicación de la legislación dominicana. Por parte del Poder Judicial, destacó la implementación de la Ley Núm. 2-23 sobre Recurso de Casación, que evidencia un progreso significativo en la actualización y el fortalecimiento de los marcos legales.
Destacan avance en la reducción mora judicial
De su lado, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reconoció el interés de la Suprema Corte de Justicia en reducir la mora judicial, así como continuar los trabajos para atender a la población carcelaria de la República Dominicana. El funcionario insistió en que es importante atender a este reclamo de muchos sectores. “El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha enfocado dos aspectos que es importante que el Defensor del Pueblo signifique: uno es la mora judicial, la cual se ha ido menguando en algunas de las cámaras, pero tiene que pasar a las demás instancias del Poder Judicial, por igual la parte de los presos preventivos”, indicó. A su vez, sugirió que esa mejoría debe abarcar también las condiciones en las que viven los privados de libertad en las cárceles del país.
Extinción
Otro de los retos más destacados de cara a este nuevo año 2024, es la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio y de aquella que instaura la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y decomisados.
