El proyecto de ley sobre fideicomiso público corre un camino cuesta arriba en el Congreso Nacional debido a que no hay consenso entre los legisladores de las distintas bancadas partidarias para aprobar la iniciativa.
Cada día que pasa, unos pronunciamientos a favor y otros en contra de la ley orgánica se hacen más constantes, lo que pone en evidencia lo controversial que ha sido el proyecto.
Además de la oposición por parte de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), principales en esto, se ha sumado a la ola de rechazo el Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card); la Fundación Justicia y Transparencia (FJT); y, con declaraciones menos agresivas, Participación Ciudadana (PC).
En tanto, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); el Ministerio de la Presidencia; la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP); y otras dependencias del Gobierno dan respaldan la propuesta del Poder Ejecutivo.
De las entidades mencionadas, las más recientes en pronunciarse sobre el fideicomiso público -que fue ayer mismo- , lo hicieron en contra.
Se trata de Miguel Surún Hernández y Trajano Potentini, presidentes del CARD y FJT, respectivamente; así como Joseph Abreu, coordinador general de PC, que conversó con elCaribe.
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A las 10:00 de la mañana de ayer y a pocos metros de distancia entre sí, los titulares del CARD y FJT se apostaron frente al Congreso, en rechazo al proyecto de ley sobre fideicomiso público, aprobado en el Senado en la pasada legislatura.
Miguel Surún denunció que la pieza de ley representa un retroceso en transparencia y lucha contra corrupción en manejo del patrimonio público. Mientras, Trajano Potentini, luego de presentar un documento de más de 10 páginas de una serie de reflexiones y consideraciones relacionadas con la legislación, exhortó a los congresistas consensuar el proyecto de manera exhaustiva y conocerlo en la próxima legislatura, porque perime al cierre de ésta.
Dice fideicomiso es para que el Estado se endeude
La preocupación de Participación Ciudadana es que no se utilice el fideicomiso como se debería: de entregarle un bien a un tercero para que lo administre.
En ese sentido, Joseph Abreu, representante de la entidad, denunció que en el caso del Gobierno, el Estado designa un comité técnico, un director ejecutivo y un gestor fiduciario, que “usurpan” las funciones de la fiduciaria, que es la que debe administrar el bien.
Dijo que en el proyecto de ley se utiliza el fideicomiso como una estructura para que el Estado se endeude y manejar fondos públicos sin los controles de la Ley 340-06, de Compras.
