El Defensor del Pueblo volvió a elevar su voz a favor de la dignificación de las condiciones del sistema penitenciario dominicano y mostró su rechazo a la imposición de la prisión preventiva como primera opción.
Pablo Ulloa enfatizó que el Código Penal Dominicano plantea siete medidas de coerción que también deben considerarse. Entre las que figuran: arresto domiciliario, garantía económica, presentación periódica, prohibición de salida del país o del ámbito territorial que fije el juez, así como la colocación de localizadores electrónicos.
“A fin y al cabo, los presos preventivos están a ese nivel porque no tenemos los mecanismos para poder llevar las otras seis medidas que el Código actual tiene, entonces el Defensor lo que está haciendo es criticando la inoperancia del Ministerio Público y del mismo sistema judicial para poder hacer efectivo elementos que existen, pero no lo queremos utilizar, porque nos sale mejor mandarlos a La Victoria”, deploró el abogado al participar como invitado en la entrevista Despierta con CDN, canal 37.
Ulloa sostuvo que en la República Dominicana hay tecnologías que permiten con 50 dólares colocar grillete a personas de las que se sospeche peligro de fuga.
La aplicación de esta medida, según señaló, traería desahogo para las hacinadas cárceles del país, representaría menos costos para el Estado y la garantía de que el imputado se va a presentar en el momento en que le corresponda su revisión de medida.
“Estuve viendo una entrevista de una magistrada hablando del peligro de fuga como un mecanismo por el cual se utiliza la medida de prisión preventiva. Creo que aquí hay otra responsabilidad, el Código plantea unas siete medidas y una de ella es el grillete. Tenemos al ITLA que se subutiliza para muchas cosas, y se utiliza incluso para botín político en algunos momentos, el cual había podido hacer los grilletes a un precio que el Estado había podido asumir en los casos en que el ciudadano no tenga dinero para pagar los 300 o 400 dólares”, comentó.
Rechaza populismo legislativo
Por otro lado, el Defensor del Pueblo precisó que está pendiente la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos. “¿Por qué no la votamos y la hacemos, vamos a jugar al maniqueísmo y al populismo legislativo? Vamos a hacer esos tipos de elementos que son los que pueden validar un buen Código Procesal Penal”.
Desde su posición, Ulloa ha abogado por la aprobación de una ley de indultos que permita evaluar y dar salida a muchos casos de privados de libertad que guardan prisión con enfermedades terminales y propias del hacinamiento existente en cárceles dominicanas.
Basa sus opiniones en un estudio, elaborado por la institución que preside, que revela que un 30% de la población carcelaria tiene entre problemas cardiacos, enfermedades oculares o de células falciformes; un 20 % padece problemas de salud mental; 10% sufre de enfermedades renales, 8 % de diabetes, 5 % de tuberculosis y 3 % tiene VIH. El levantamiento comprobó que la mitad de la población penitenciaria no recibe atención.
