Aunque un tribunal sentenció a prisión a ocho de los implicados en el fraude en al Lotería, estos no fueron llevados a la cárcel a cumplir sus respectivas condenas, debido a que hay ciertas cuestiones que lo impiden.
Al momento de que las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictaran su sentencia, muchos quedaron confundidos de cuál fue la razón por la que William Rosario, Eladio Batista, Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago, Miguel Mejía y Rafael Mesa no fueron trasladados a prisión.
Según explicaciones de juristas, esto se debe a que el tribunal no les varió la medida de coerción a los imputados y como el proceso judicial continúa, pues es susceptible de apelación, el estatus de los condenados se mantiene igual.
Un ejemplo
Por ejemplo, William Rosario fue condenado a siete años de prisión, pero actualmente cumple arresto domiciliario. Es una sentencia, pero no definitiva y por lo tanto se mantienen con esta medida de coerción mientras continúe el caso en segunda instancia.
Hay otro factor en este caso y es que, aunque Rosario, Brea, Berigüete y Santiago, quienes admitieron los hechos, fueron sentenciados a cinco años de prisión, tres en Najayo y dos suspendidos, tampoco irían a la cárcel cuando la sentencia sea definitiva.
Esto así porque hay que rebajarles el tiempo que duraron en arresto domiciliario, que se computa como si estuvieran en prisión preventiva, que son dos años, de acuerdo con explicaciones de los consultados. Quedaría un año, pero entre lo que se conoce la apelación o un posterior recurso de casación, se iría más tiempo de esto.
Y los otros dos años de prisión, es suspendida, es decir, no tienen que estar recluidos si cumplen ciertas reglas que dispuso el tribunal. Calculando todo esto, se rebajarían los cinco años completos.
Peso a esto, el abogado Plutarco Jáquez, defensor de estos imputados, está en desacuerdo con la decisión del tribunal, pues precisó que fallaron más de lo que se les pidió.
Lo que sigue con dos sentencias suspendidas
En el caso de Miguel Mejía y Rafael Mesa es distinto, pues su condena de cinco años es totalmente suspendida y solo tienen que sujetarse a ciertas reglas. Todos los imputados, por igual, fueron condenados al pago de más de 28 millones de pesos como indemnización entre las bancas afectadas con el fraude del sorteo del 1 de mayo del 2021, y el Estado, constituido en querellante.
