El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Pablo Imbert Rosario, aplazó para el viernes 26 de agosto el conocimiento de la medida de coerción en contra de los imputados de conformar una red de trata de mujeres, desmantelada mediante la Operación Cattleya.
Esta sería la tercera ocasión en la que se aplaza la medida de coerción, debido a que los abogados de los implicados han venido alegando que no se han entregado las copias físicas de los expedientes y las pruebas.
Carlos Novas, defensor de José Miguel Michel Guridi implicado en el caso, indicó que se imponía el aplazamiento debido a que a los abogados la empresa Residencial Coco Real, que también ha sido imputada en el caso por el Ministerio Público, no tenían conocimiento de todos los elementos de prueba.
Daniel Astucio, miembro de la defensa del imputado Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, dijo que su equipo hizo un acto solidario y se adhirió a la solicitud de aplazamiento para que la defensa de la empresa pueda conocer el expediente como establece el debido proceso.
Imputados en el caso
Los apresados durante la Operación Cattleya, y que fueron sometidos a la justicia son José Miguel Michel Guridis (a) Michel, Daniel Enrique Inirio Abreu (a) Daniel, José Alberto Soriano Rosario (a) Cirujano, Oscar Wicene, Melvin José Valentía Peguero, Cristina Virginia González Hernández.
Además, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (A) Fior.
Como también Alejandro Arturo Batista Bustamante (a) El Gato, Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Diaz (a) Carlos.
Acusación a imputados
De acuerdo a los fiscales, la red se dedicaba a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para luego prostituirlas en la República Dominicana.
Establecieron que la red movilizaba a las jóvenes mujeres, que eran retenidas el Distrito Nacional y La Altagracia, con la promesa de un trabajo bien remunerado. Supuestamente en Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de hasta 400 dólares por noche.
Una vez traídas al país, precisó el órgano acusador, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda con las redes que las movilizaban y les obligaban a consumir drogas.
