Las pólizas de seguros no exceden el 3.5%; en los grandes casos de corrupción; lo máximo pagado serían RD$3.5 MM

Cien, 60, 50, 30 y 20 millones de pesos en garantía económica les han sido impuestos a los imputados de grandes casos de corrupción administrativa, para los que los tribunales ordenaron el cese de la prisión preventiva.

Sin embargo, los montos antes citados no se corresponden con lo que en realidad pagaron los privados de libertad para regresar a sus casas ya sea con o sin grillete electrónico e impedimento de salida del país.

Más aun, esos recursos no llegan a mano de ninguno de los actores del sistema judicial debido a que la garantía de su presentación a todos los actos del proceso judicial la asume una compañía aseguradora a la que le pagan una prima que va entre el 3% y el 3.5% del monto dispuesto por el juez.

No es un 10% como popularmente han hecho crecer algunos abogados o actores interesados en el proceso. Con esto, explicamos que el general Adán Cáceres, a quien se le impusieron 100 millones de pesos como garantía económica para salir de la cárcel, solo habría pagado menos de 3.5 millones por la póliza.

Lo mismo que la pastora Rossy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, Juan Alexis y Magaly Medina Sánchez, hermanos del expresidente de la República Danilo Medina, el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otros imputados de los denominados casos Coral, Antipulpo y Medusa, a quienes se les impuso el pago de fianzas que van desde los 20 hasta 60 millones de pesos.

En el año 2021 los tribunales del Distrito Nacional dictaron 1,002 decisiones relativas a garantía económica en efectivo o con contrato de fianza. En el 2022 la cifra bajó a 875.

Como en todos los procesos judiciales, el más pobre es el que más perjudicado sale y mientras mejores abogados se tienen, mejores son los resultados o las garantías porque estos togados están en mejores condiciones para negociar con las empresas dedicadas a esa labor.

De acuerdo con datos recogidos por elCaribe, los imputados en esos grandes casos de corrupción han podido negociar con las compañías aseguradoras y en vez de contratar pólizas como lo ofertan en el mercado ordinario, éstos han podido negociar para que se les pongan porcentajes menores, lo cual se refleja al momento de contratar el seguro.

“Siempre se pagaba una prima que oscilaba entre el 10% pero los montos que servían de garantía, eran montos relativamente pequeños. Aún en procesos grandes si les ponían diez millones era demasiado y lo que tú pagabas era una proporción y eso se pagaba alrededor de un millón de pesos pero siempre había en ese tiempo la posibilidad de tú negociar un monto menor porque es una cuestión de negociación directa con el intermediario”, explicó un abogado consultado al respecto.

“Ahora, cuando se trata de estos casos tan grandes, de valores tan altos, donde intervienen no solamente el seguro sino el reaseguro, entonces evidentemente eso permite que sea un poco mayor el monto, sin embargo nunca pasa de un 3%”, comentó un jurista que logró que su cliente pagara menos de ese 3% gracias a los contactos que tuvo para hacer la negociación.

¿Quién recibe los recursos?

Ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial reciben un centavo de ese proceso. La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) o la fiscalía a cargo de los procesos, solo recibe una constancia de la aseguradora en la que indica que se hace responsable de que ese imputado siga acudiendo a los tribunales.

La póliza, que no es reembolsable, da garantía para que, en caso de que la persona se fugue, la compañía será responsable de buscarla y traerla ante las autoridades, sin embargo, en la práctica, el Ministerio Público es el que busca a los prófugos y rebeldes de la justicia.

En esa negociación los imputados no solo pagan el porciento que cuesta la prima. Aunque la sentencia del juez no lo establezca, además del pago de la póliza efectuada por el imputado, éste debe dejar en garantía bienes o inmuebles en favor de la compañía.

“Ese es el deber ser. Algunas lo aplican para casos muy gravosos o casos específicos pero en la generalidad no lo aplican”, respondió una fiscal consultada respecto a la efectividad del cumplimiento de las garantías económicas por parte de las compañías aseguradoras.

Esto podría explicar la inconformidad del Ministerio Público cuando los jueces deciden variar o cesar la prisión preventiva por garantía económica a través de una compañía aseguradora.

Sin embargo, a las compañías no les conviene que el órgano persecutor sea el que vaya a buscar al imputado, porque tendrán que pagar el monto total establecido en la fianza y ese dinero va a una cuenta del Estado en el Banco de Reservas, explicó un miembro del Ministerio Público al recordar que una vez quebró una aseguradora en Santiago de los caballeros porque se le ejecutaron las fianzas.

Garantías en efectivo

En el caso de que los tribunales impongan el pago de la garantía en efectivo, el procedimiento es distinto: el dinero se deposita en la cuenta del Banco de Reservas a nombre de la Procuraduría General de la República.

En caso de que el imputado se fugue del proceso, ese dinero es tomado como garantía para buscarlo y hacer que se presente ante el tribunal pero en caso contrario, una vez concluya el proceso judicial, ese dinero se le reembolsa a la persona.

Según lo explicado por un juez, esto se hace independientemente de que esa persona sea o no condenada ya que la finalidad de ese recurso es garantizar que el imputado no se sustraiga del proceso penal.

¿Cuánto pagó cada quién?

A Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, se le fijó una fianza de 60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines, además de impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario. Para salir de prisión solo habría pagado menos de dos millones de pesos.

A Fernando Rosa, a quien se le impuso garantía económica de 30 millones y las mismas condiciones que a Medina, como mucho, pudo haber pagado un millón 50 mil pesos. Mientras que José Dolores Santana habría pagado unos 700 mil pesos a la empresa por la garantía económica de 20 millones.

Al igual que Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial; el coronel Núñez de Aza habría pagado unos 3.5 millones para salir de la cárcel. En tanto que Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete habría depositado a la compañía aseguradora 1.7 millones de pesos cada uno, por los 50 millones que les pusieron como garantía.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez, también habría pagado este monto para ir a prisión domiciliaria con colocación de un grillete electrónico.

A una tasa de un 3.5%, Javier Forteza, habría pagado 700 mil pesos para salir de la prisión y, Jhonatan Rodríguez, 175 mil.

Diferencia entre las medidas

Al dictar auto de apertura a juicio en el caso Antipulpo, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción Deiby Peguero, explicó claramente que en el proceso penal la garantía económica, el embargo de bienes y el embargo retentivo como medida de coerción real.

“Las medidas de coerción personal, real, tienen fines distintos. La personal, de aquellos que están sujetos a la garantía económica, tiene el fin de garantizar la presencia del imputado en el proceso. En cambio, las medidas de coerción real, su objetivo es garantizar la posible o eventual aplicación de indemnizaciones en el proceso”, explicó en la audiencia cuando destacó que independientemente de las garantías económicas que se dispuso para Juan Alexis Medina y compartes, era necesario embargar bienes para fines de indemnización.

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