Santo Domingo.- El juez Deivi Timoteo Peguero del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, recesó para las 2:30 de la tarde el fallo de la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción contra Santiago Hazim y otros imputados, acusados de presuntamente estafar al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) con más de 15 mil millones de pesos.
Durante la audiencia, los representantes legales de los implicados en el presunto desfalco a la Administradora de Riesgos de Salud Estatal (ARS) de la red pública solicitaron al tribunal la imposición de medidas menos gravosas, como arresto domiciliario y garantía económica.
En tanto, el Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, pidió mantener la medida de coerción vigente, al asegurar que no existen razones jurídicas que justifiquen una variación.
La acusación
El Ministerio Público califica al grupo de «red criminal«, la que se articuló en la ARS Senasa durante los cinco años de gestión de Hazim y quien habría diseñado la trama para «sustraer fondos públicos a través de mecanismos de corrupción y operaciones de lavado de activos».
Según los fiscales, el exdirector de la ARS junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, consultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de Servicios de Salud, creó «programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos«.
El órgano persecutor asegura que las coimas fueron pagadas por el empresario Eduardo Read Estrella, propietario de Khersun S.R.L., contratada por Senasa desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado; Ada Ledesma Ubiera, ejecutiva de la farmacéutica Lufaka; Cinty Acosta Sención, y Ramón Speakler Mate, quien figura como ejecutivo del Grupo Siulrod SRL.
Sostiene que los exfuncionarios «pagaron un incremento fraudulento» de facturación del Seguro Nacional de Salud «producto de sobretratamientos de los pacientes como los casos de pacientes oncológicos, abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia» y de otras especialidades, como la cardiología, en la que se colocaron «stents coronarios innecesarios».
Sobre esto último, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, citó el ejemplo de que a una sola persona se sometió a «cinco cateterismos» sin necesitarlos.
