El Ministerio Público informó que desde la madrugada de ayer puso en marcha la operación Nido, luego de una investigación realizada en contra de una alegada red que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
Mediante un comunicado sostuvo que en la operación se realizaron 25 allanamientos distribuidos en las provincias San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, en los cuales participaron 170 policías, 28 fiscales y técnicos de la Dirección General de Persecución, de la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad Especial de la Fuerza de Tarea Conjunta.
En estos allanamientos, el Ministerio Público arrestó a Emmanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de la alegada red que supuestamente estafó con millones de pesos a 144 personas.
Rivera Ledesma, de 56 años, es supuestamente un ingeniero y dueño de la compañía llamada InDisArq, a quien decenas de ciudadanos residentes en los Estados Unidos y territorio dominicano acusan de estafarlos.
En los últimos meses parte de las 144 víctimas han realizado varias protestas en las que denunciaron que “compraron apartamentos en República Dominicana a una empresa inmobiliaria, pero que esta los estafó”.
En un video colgado en las redes sociales, Noel Marte Vásquez, una de las presuntas víctimas de estafa, narró que al momento de reclamarle al presunto ingeniero por el incumplimiento del contrato, Rivera Ledesma lo amenazó de muerte en el interior de su oficina, y que tiene como prueba una grabación de voz.
Los imputados en este caso están acusados de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
De acuerdo con el expediente, Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a las que realmente ni siquiera conoce.
El órgano persecutor dijo tener evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
El Ministerio Público indicó también que el empresario hacía que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones para obstruir el proceso de investigación.
Ahora procede que antes de que se cumplan las 48 horas de haber sido arrestados, el Ministerio Público deberá proceder a solicitar medidas de coerción en contra de los miembros de la presunta red.
