El fiscal anticorrupción Wilson Camacho defendió ayer la legalidad del informe con el que solicitaron y le fue autorizado tener acceso a las informaciones financieras de Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y otras personas que están siendo investigadas por presuntamente desfalcar al Estado.
“Todo el que nos conoce sabe que todas las informaciones que nosotros utilizamos en todos nuestros procesos es información recibida de manera oficial enviada por las instituciones correspondientes y por los incumbentes de esas instituciones y este caso no es la excepción”, manifestó Camacho al ser preguntado sobre lo dicho por el abogado Ángel Lockward, también investigado en este proceso, quien dijo que la resolución que los autoriza a indagar los movimientos financieros está basada en un informe falso de la Contraloría General de la República.
Aunque dijo que no dará detalles de la investigación debido a que la misma está en curso, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), indicó que las actuaciones del órgano investigador siempre han sido claras.
“Nosotros actuamos siempre de cara al sol y eso se va a ver en su momento cuando el proceso esté en condiciones de llegar a los tribunales. Nuestras investigaciones siempre se conocen por sus resultados, yo les ruego que esperen los resultados”, sostuvo al salir del tribunal donde se conocía una audiencia del caso Pulpo.
Ángel Lockward habla del tema
Sobre el asunto, Lockward aseguró que, debido a la ilegalidad que dice tiene el informe de la Contraloría General de la República, que dio inició a las investigaciones que realiza la Pepca, el proceso podría ser anulado.
“Existe un documento, no existe un informe, porque el documento lo produce cualquiera. El informe solo lo produce el contralor, porque es una facultad que la Ley le da solo a él. Quien tiene la facultad de tramitarlo es el contralor. Entonces, si alguien trae aquí el informe firmado por el contralor, yo mentí, si alguien trae aquí un oficio del Contralor a la Procuradora, yo mentí”, dijo Lockward al ser entrevistado en el programa matutino Despierta con CDN.
Asimismo, indicó que por mandato expreso de la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y la propia Ley del Ministerio Público, la persecución debe sujetarse al principio de legalidad. “Usted no puede perseguir a nadie con documentos ilegales, y la ilegalidad del informe no tengo que probarla, porque es el contralor el que ha dicho que ese informe no lo vio, no lo firmó, no lo tramitó y, peor aún, dijo que no fue él que se lo envió a la procuradora Miriam Germán”, adujo.
La Pepca inició sus investigaciones el año pasado a raíz de un informe de investigación especial presentado por la Contraloría General de la República, en el que, indican, se establecen múltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros por más de 12 mil millones de pesos en el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional.
En el documento donde la jueza Kenya Romero autorizó a la Pepca tener acceso a los informes financieros de los investigados, el órgano acusador indica que en sus indagatorias establecieron que la afectación al patrimonio público es muy superior al indicado por la Contraloría y que no solo se utilizó la modalidad de expropiación de terrenos para lograr que el Estado erogue fondos a favor de lo que denominaron como una estructura de corrupción.
PLD llama a fiscales a respetar debido proceso
Sobre las investigaciones de funcionarios del pasado gobierno, ayer el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en voz de varios de miembros del Comité Político, reiteró su llamado de que se respete el debido proceso. Lidio Cadet dijo que la justicia dominicana tiene la responsabilidad de hacer cualquier investigación que implique imputaciones de una infracción de cualquier persona, respetando siempre la ley. “Si es inocente que sea declarado inocente y si es culpable que sea condenado después de una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”, sostuvo el exfuncionario, durante una rueda de prensa que realizaron en la casa nacional del partido morado. Mientras que la exsenadora Cristina Lizardo, hermana de Simón Lizardo, exadministrador del Banco del Reservas, quien está siendo investigado por la Pepca, manifestó que no está de acuerdo con que se dañe la moral de nadie y sean filtradas acusaciones y supuestas infracciones a los medios de comunicación sin que se pase por un juicio. Asimismo, el diputado Radhamés Camacho dijo que desde que iniciaron las acciones contra los exfuncionarios del PLD su dirección política fijó posición de que se respete el debido proceso de ley.
