La violencia contra las mujeres sigue dejando cifras alarmantes en América Latina, y en lo que va de 2026, países como República Dominicana y Honduras se posicionan entre los más afectados por feminicidios, evidenciando problemáticas estructurales que trascienden fronteras.
En República Dominicana, solo en los primeros 18 días de mayo se han registrado siete mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, mientras que entre enero y mediados de ese mes las cifras oscilan entre 22 y 32 casos, dependiendo de la institución que los contabilice. Esta disparidad de datos —entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial— refleja debilidades en el sistema de registro, pero no oculta la magnitud del problema.
Mientras que en Honduras, el panorama es aun más crítico. Organizaciones como el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” alertan que en el país ocurre una muerte violenta de una mujer cada 30 horas. En lo que va de año, se contabilizan alrededor de 102 feminicidios, muchos de ellos marcados por altos niveles de crueldad, incluyendo torturas y mutilaciones.
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¿Qué tienen en común ambos países?
A pesar de sus diferencias geográficas y contextuales, ambas naciones comparten elementos preocupantes:
- Violencia en el ámbito íntimo: En República Dominicana, gran parte de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas, una tendencia también presente en Honduras.
- Normalización de la violencia: Los niveles de crueldad reportados, especialmente en Honduras, evidencian una sociedad donde la violencia de género se ha vuelto recurrente.
- Subregistro y diferencias en cifras: La falta de datos unificados en República Dominicana y la dependencia de observatorios en Honduras reflejan debilidades institucionales.
- Baja denuncia previa: En el caso dominicano, solo el 13 % de las víctimas había denunciado antes, lo que evidencia miedo, desconfianza o falta de acceso a protección.
Cuadro comparativo: Feminicidios en 2026
| Indicador | República Dominicana | Honduras |
|---|---|---|
| Periodo analizado | Enero – mayo 2026 | Enero – 2026 (en curso) |
| Total de feminicidios | Entre 22 y 32 casos | Aproximadamente 102 casos |
| Casos recientes | 7 en 18 días de mayo | 1 cada 30 horas |
| Relación con el agresor | Parejas o exparejas | Similar patrón (violencia de género) |
| Fuente de datos | Procuraduría, Ministerio de la Mujer, Poder Judicial | Observatorios y organizaciones sociales |
| Consistencia de cifras | Disparidad entre instituciones | Dependencia de registros externos |
| Nivel de violencia | Alto | Muy alto (incluye tortura y mutilación) |
| Lugar de los hechos | Mayormente en el hogar | También en entornos privados |
| Denuncia previa | Solo 13 % de las víctimas | Baja (sin cifra exacta) |
| Respuesta institucional | Reconoce fallas en prevención | Denuncian falta de protección |
| Factores comunes | Machismo, violencia normalizada, débil prevención | Machismo, normalización, impunidad |
Factores estructurales que se repiten
El análisis de ambos países permite identificar patrones más profundos:
Fallas en la protección institucional
Las autoridades no logran prevenir de manera efectiva los feminicidios. En República Dominicana, el propio gobierno reconoce debilidades en el sistema, mientras que en Honduras organizaciones denuncian falta de protección para mujeres en riesgo.
Violencia dentro del hogar
Muchos de los crímenes ocurren en espacios privados, lo que dificulta la intervención temprana del Estado y expone la vulnerabilidad de las víctimas.
Débil cultura de denuncia
El bajo porcentaje de denuncias previas indica que las mujeres no encuentran garantías suficientes para acudir a las instituciones.
Factores culturales y sociales
Persisten patrones de machismo, control y violencia normalizada que alimentan este tipo de crímenes.
Un problema regional
Aunque los contextos varían, tanto República Dominicana como Honduras reflejan una realidad común en América Latina: el feminicidio no es un hecho aislado, sino el resultado de fallas estructurales en prevención, justicia y protección social.
El aumento de los casos en 2026 y la persistencia de estos patrones plantean un desafío urgente para los Estados: pasar de la reacción a la prevención efectiva.
