Santo Domingo – La República Dominicana marca un hito significativo en su lucha contra la contaminación y la gestión de desechos. La Cámara de Diputados aprobó recientemente en segunda lectura las modificaciones a la Ley 225-20 o Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Esta legislación, promulgada hace cinco años, necesitaba una revisión urgente debido a la creciente magnitud del problema de la basura en el país, impulsando a los legisladores a actuar con determinación. El proceso legislativo ha sido exhaustivo, buscando el mayor consenso posible entre diversos sectores.
La reforma legislativa introduce cambios fundamentales que buscan transformar la manera en que el país aborda la gestión de residuos sólidos. Después de ser aprobada por el Senado en enero de 2025, la pieza legislativa regresó a la Cámara de Diputados.
Los senadores, tras recibir quejas de sectores interesados, se reunieron con estos grupos, el Ministerio de Medio Ambiente, el presidente Luis Abinader y los senadores para diseñar una normativa consensuada.
CAMBIOS
Uno de los ajustes más importantes se encuentra en el artículo 154, el cual establece nuevos requisitos para el foam. La normativa exige que este material sea autodestruible, degradándose un 20% en el primer año y alcanzando un 90% de biodegradación en un plazo máximo de cinco años.
Los fabricantes deben comprobar este proceso de autodestrucción mediante pruebas de laboratorio y auditorías anuales. Además, se les requerirá contar con un certificado que demuestre el cumplimiento de las normas internacionales pertinentes.
En este mismo sentido, las empresas importadoras de plásticos deberán someterse a un proceso similar. La Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá la responsabilidad de controlar y verificar estas certificaciones al momento de la importación de productos plásticos, asegurando así su conformidad con la nueva ley.
Infraestructura y responsabilidad del sector privado
La nueva ley también introduce directrices estrictas sobre la infraestructura de gestión de residuos. A partir de ahora, se permitirá la instalación de un solo vertedero por provincia.
Respecto a las plantas procesadoras, se limitará su número a una por cada diez regiones, debiendo ubicarse en un radio de 70 kilómetros, con la excepción de la región Ozama, dada su alta densidad poblacional.
Adicionalmente, la normativa asigna una nueva responsabilidad a los fabricantes de cemento. Se les exigirá incorporar prácticas de reciclaje, utilizando combustibles derivados de residuos sólidos nacionales como una alternativa energética en sus calderas.
Aportes económicos para la gestión de residuos
Los diputados ajustaron a la baja los montos de las contribuciones propuestos inicialmente por los senadores. Aunque los montos fueron reducidos, algunos sectores aún expresaron quejas. Las nuevas cuotas son las siguientes:
- Empresas con ingresos de hasta un millón de pesos pagarán RD$3,000.
- Aquellas con ingresos de hasta 10 millones de pesos contribuirán con RD$6,000.
- Empresas que reporten hasta 25 millones de pesos pagarán una cuota de RD$20,000.
- Las compañías con ingresos de hasta 100 millones de pesos aportarán RD$675,000. Es importante destacar que esta última cifra representa una reducción significativa respecto a los dos millones de pesos que se habían fijado en el Senado.
Estos aportes serán deducibles de las rentas brutas de las empresas y se ajustarán anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien también participó en el estudio de la pieza antes de 2020, destacó que estas cuotas son «de las más bajas de Latinoamérica». Incluso, advirtió que futuras modificaciones de la ley podrían ser necesarias para aumentar estas tarifas si el país busca erradicar de forma definitiva el problema de la basura.
Objetivos de la gestión de residuos sólidos
La modificación del artículo 38 amplía los objetivos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ahora, entre sus metas se incluye la operación del fondo de gestión integral de residuos sólidos, la operación de estaciones de transferencia, el cierre de vertederos a cielo abierto, rellenos sanitarios, proyectos integrados y el transporte de transferencia, todo en conformidad con lo establecido por la ley.
Marco de sanciones por incumplimiento
Finalmente, la nueva ley refuerza la capacidad sancionadora del Ministerio de Medio Ambiente. Esta entidad está facultada para establecer sanciones administrativas a quienes incumplan la normativa.
En el caso de infracciones consideradas muy graves, las multas oscilarán entre 100 y 1,000 salarios mínimos del sector público. Sin embargo, para las infracciones relacionadas con residuos sólidos peligrosos, las sanciones serán aún más severas, con multas que van desde 1,000 hasta 3,000 salarios mínimos y la imposición de trabajo comunitario de dos a 30 días.
