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Santo Domingo.– La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) se pronunció para aclarar las inquietudes surgidas en torno al contrato de alquiler del Edificio Vista 311. Ante la difusión de información inexacta, la entidad reafirmó su compromiso con la transparencia y la buena gestión pública.
Alquiler
El contrato de arrendamiento del Edificio Corporativo Vista 311, que abarca los pisos del 6 al 10, se establece como una operación integral llamada “llave en mano”. Esta modalidad incluye no solo el alquiler por un periodo de diez años, sino también la adecuación y el mantenimiento del inmueble. El acuerdo se formalizó con Inmobiliaria Reservas y AFI Reservas, ambas entidades de propiedad pública y parte del Grupo Reservas.
Según OGTIC, esta estrategia permite al Estado optimizar el uso de sus recursos. En lugar de realizar un desembolso total para la compra del edificio, el gobierno puede canalizar esos fondos hacia proyectos fundamentales en sectores como salud, educación e infraestructura.
La OGTIC destacó que el edificio Vista 311 pertenece al Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas 1, administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión de Reservas. Los alquileres generados benefician directamente a los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos.
“Este modelo asegura que los recursos económicos se mantengan dentro del Estado, beneficiando a los ciudadanos en un esquema de economía circular”, enfatizó la entidad.
La gestión del contrato fue evaluada por comités técnicos y recibió la aprobación de los órganos de control interno de la administración pública. OGTIC subrayó que el acuerdo se ajusta a los valores de mercado, eliminando cualquier posibilidad de sobreprecios o favoritismos.
Flexibilidad Financiera para Invertir en el Futuro
Segun OGTIC, al optar por un alquiler en lugar de una compra, el Estado se asegura de mantener una mayor flexibilidad financiera. Esto permite destinar los recursos a proyectos prioritarios que impactan directamente la calidad de vida de la ciudadanía. Este tipo de operaciones no solo es común en el sector inmobiliario, sino que también se considera una práctica rentable que genera ingresos sostenibles a largo plazo.
La adjudicación del contrato se realizó el 16 de diciembre de 2022, mientras que la firma oficial tuvo lugar el 17 de enero de 2023.
