El abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, presentó una defensa firme ante el tribunal al cuestionar la solidez del caso del Ministerio Público (MP) por el presunto entramado de corrupción en Senasa. Según Valerio, las pruebas y testimonios no vinculan de manera directa a su cliente con el cobro de sobornos.
Durante su exposición, el jurista afirmó que los imputados que admitieron pagos irregulares nunca señalaron a Hazim como destinatario del dinero, lo que contradice la teoría central del MP. A su juicio, el caso se sostiene sobre suposiciones y no sobre hechos comprobados.
Ataque a la credibilidad del testigo principal
Uno de los puntos más críticos de la defensa fue la credibilidad del testigo estrella del Ministerio Público, José Pablo Ortiz Girard. Valerio recordó que este ha sido beneficiado en dos procesos anteriores de corrupción, lo que según dijo pone en duda la fiabilidad de sus declaraciones.
“El propio Código Procesal Penal contempla la reiteración delictiva”, señaló Valerio, al cuestionar cómo el MP puede sustentar una acusación grave en el testimonio de una persona que ha sido perdonada en más de una ocasión.
La defensa también desmontó la tesis de la extorsión. Valerio explicó que la mayoría de los contratistas que supuestamente pagaron sobornos continuaron trabajando con normalidad, lo que evidencia que no hubo coacción.
Además, tres empresarios que reconocieron entregas de dinero admitieron no tener constancia de que esos fondos llegaran a manos de Santiago Hazim. Para la defensa, este dato es clave y demuestra que no existe una conexión directa entre su cliente y los pagos ilegales.
Patrimonio declarado y bienes bajo escrutinio
Respecto a las acusaciones de enriquecimiento ilícito, Valerio aseguró que el patrimonio de Hazim fue declarado de forma oportuna en 2020. Incluso el reloj Rolex, uno de los objetos más mencionados en el expediente, figura en esa declaración jurada.
El abogado agregó que la persona que supuestamente entregó el reloj negó haberlo hecho, por lo que pidió que dicho bien sea excluido de las evidencias del caso.
En cuanto a otros bienes, la defensa explicó que la villa ubicada en Casa de Campo fue adquirida en 2008, antes de que Hazim asumiera funciones públicas. El apartamento Mar Azul, por su parte, fue comprado mediante un préstamo bancario debidamente documentado.
Valerio reveló, además, que la Cámara de Cuentas se resistió inicialmente a recibir la declaración jurada de Hazim, lo que obligó a uno de sus abogados a exigir su recepción provisional.
Enfermedad grave y solicitud de arresto domiciliario
El punto central para evitar la prisión preventiva fue la condición médica del exfuncionario. Según la defensa, Santiago Hazim padece estenosis múltiple desde 2010, una enfermedad grave reconocida por el Código Procesal Penal.
Valerio advirtió que el encarcelamiento podría poner en riesgo la vida de su cliente, quien podría sufrir muerte súbita o quedar parapléjico o cuadripléjico. La condición ha sido certificada por el reconocido médico Itaveras Guzmán.
Hazim recibe tratamiento especializado en Estados Unidos desde 2011 y ha requerido hospitalizaciones previas. De hecho, evitó una nueva internación para poder presentarse ante el tribunal.
Ante este panorama, la defensa solicitó que el proceso continúe, pero bajo medidas compatibles con su estado de salud. Para Valerio, el arresto domiciliario es la medida de coerción más adecuada y proporcional en este caso.
Con esta argumentación, la defensa busca no solo desmontar las acusaciones de corrupción, sino también garantizar que el proceso judicial respete los derechos fundamentales y la condición médica de Santiago Hazim.
