La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) depositó este mañana un documento en la Cámara de Diputados en el que solicita que el órgano legislativo inicie las investigaciones de lugar y apodere al Senado para que apertura un juicio político a los cinco miembros titulares de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), “por incursión en faltas graves” en el ejercicio de sus funciones.

Mientras, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) aboga porque el Congreso Nacional invite “de manera inmediata” al bufete directivo de la entidad para indagar y verificar las denuncias del presidente de la CCRD y escuchar a los demás miembros.

El requerimiento de Adocco fue entregado por Julio César de la Rosa, presidente del organismo, el cual indica que las informaciones salidas en medios de comunicación desde septiembre del pasado año, sobre las diferencias de los integrantes del Pleno, motivaron que sean llamados “a capítulos” por los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, respectivamente.

Agrega que Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente del Pleno de la CCRD; Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta; Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria; y los miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña lograron firmar un pacto “de no agresión”, pero que, sin embargo, se evidenció “una falta grave, amplificada por las declaraciones del presidente durante una entrevista en un programa de televisión y recogidas por la prensa nacional”.

Ante tales revelaciones, según Adocco, es suficiente para el inicio de las investigaciones “tendente a juicio político”.

“La expresión: Soy un preso de confianza, tengo que hacer en muchos casos lo que dice el Pleno, aunque esté en contra de la ley, junto al no cumplimiento de la Constitución, la Ley 10-04 y el reglamento interno, son más que suficiente para que el Congreso se aboque a destituir a los denunciados”, pondera Julio César de la Rosa.

Finjus dice hay que invitarlos a todos

Ante la denuncia de legisladores, que ponen en tela de juicio las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, explicó que ninguno tiene la calidad de decir si son débiles o no esas auditorías, sino que al Ministerio Público es quien le corresponde evaluarlas.

“Pero ese no es el tema, el tema es que hay un problema de ingobernabilidad en un órgano constitucional”, manifestó.

Dijo que en esta ocasión le correspondería al Congreso de la República invitar de manera inmediata a todos los miembros de esa institución.

Castaños Guzmán reconoció que el caso de la Cámara de Cuentas es una situación preocupante, porque, según subrayó, al fin de cuentas se trata de una entidad que es el brazo armado del Congreso de la República.

Ponderó que el órgano rector del sistema nacional de control, es la CCRD; y el órgano de control del Estado, es el Congreso Nacional.

“Es decir, quien fiscaliza las finanzas públicas, los fondos públicos, de la administración pública, es la Cámara de Cuentas. Por eso ustedes ven que la CCRD a quien le rinde sus informes es al Congreso de la República”, comentó.

El representante de la Fundación Institucionalidad y Justicia entiende que frente a la reciente denuncia, que ha movido a una gran preocupación a los sectores jurídicos, sociales y políticos del país, el órgano parlamentario debe de invitar a los cinco titulares de la CCRD, “porque al fin de cuenta se trata de una institución en donde parecería que se está dando una manifestación de ingobernabilidad que no le está permitiendo jugar el rol de conformidad con la Constitución”.

Asimismo, reiteró que los legisladores deben invitar no solo al presidente del órgano de control externo de los fondos públicos, sino a todos los miembros, “porque es un órgano clave”.

Contexto

El titular de la CCRD dijo ayer, en una entrevista en el programa El Día, que desde la posición que ocupa se siente como un “preso de confianza”, porque en muchas ocasiones ha tenido que hacer lo que diga el Pleno, aunque vaya en contra de la ley.

Janel Ramírez manifestó que se siente atado, y que si hubiese sabido con anterioridad cómo se conducían las cosas en la institución, “no me meto en eso”. Señaló que llegó a allí cuando la entidad estaba sumergida en “su peor momento de descrédito”.

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