Santo Domingo.– La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) advirtió sobre una situación de indefinición normativa que, según afirmó, está afectando la operatividad del régimen especial de compras públicas en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), tras la entrada en vigor de la Ley núm. 47-25 y su reglamento de aplicación contenido en el Decreto núm. 52-26.
La organización explicó que el nuevo reglamento derogó el Decreto núm. 31-22, que identificaba formalmente las instituciones públicas obligadas a priorizar compras dirigidas a MIPYMES y productores nacionales en el marco de programas sociales del Estado.
Indicó que, aunque el régimen especial establecido en la Ley 47-25 continúa vigente, el artículo 226 del Reglamento 52-26 dispone que las instituciones sujetas a su aplicación deben ser identificadas mediante un decreto específico, el cual —según señaló— aún no ha sido emitido.
El presidente de CODOPYME, Fernando Pinales, afirmó que la ausencia de ese decreto genera un vacío operativo que podría limitar la correcta ejecución de esta política pública, vinculada a programas de alimentación, asistencia social e insumos de uso esencial.
Pinales sostuvo que la falta del instrumento identificador puede dar lugar a interpretaciones discrecionales o a una aplicación desigual del régimen especial, afectando a pequeñas y medianas empresas que dependen de estos procesos de contratación.
En ese contexto, CODOPYME consideró necesario que se emita el decreto previsto en el reglamento para garantizar la aplicación efectiva del régimen especial, fortalecer la coherencia normativa del sistema de compras públicas y evitar ambigüedades que puedan incidir en la participación del sector.
La entidad reiteró su disposición de colaborar con las autoridades competentes para asegurar el cumplimiento del objetivo del régimen especial, orientado a impulsar el crecimiento de las MIPYMES y fortalecer la producción nacional.
