El experto en urbanismo critica que los ayuntamientos hayan fallado en fiscalizar los espacios públicos
Erick Dorrejo es un joven urbanista con una visión moderna e integral de la ciudad. En la actualidad asesora a cuatro importantes ayuntamientos del país en el plan de ordenamiento territorial. Conoce con detalles los problemas que arrastra la primera ciudad de América y propone soluciones para cada uno de ellos. Afirma que el principio del caos en Santo Domingo ha sido la debilidad en la fiscalización por parte de los cabildos y advierte que esta dejadez ha salido muy cara.
El irrespeto a los espacios públicos es uno de los principales problemas de la zona metropolitana, ¿por qué no se ha detenido?
Lamentablemente, el preservar y conservar espacios que son para el uso de todos se convierte en una lucha diaria, titánica. Los espacios públicos que van desde las aceras hasta el gran parque que tenemos requieren de la definición estricta de lo que se puede hacer; y eso únicamente se resuelve a través de la delimitación de ese espacio. Deberían haber franjas permeables, verdes, para caminar y para la ciclovía.
¿A quién sancionan por utilizar las aceras para negocios, incluso residencias?
Quienes deberían sancionar son los ayuntamientos. Evidentemente, cuando la acera es ocupada no hay un permiso de uso, pero ahí entra un aspecto fundamental para las mayorías de las alcaldías y en los últimos años cuando he trabajado para algunas de las alcaldías, me doy cuenta de que en todas sucede lo mismo y es la ausencia de fiscalización.
Los ayuntamientos no tienen un departamento fortalecido que fiscalice lo que sucede en el territorio. Creo que debe haber una línea anónima para generar recepción de llamadas ante las infracciones de los espacios públicos. También debe reforzarse la cantidad de supervisores que están en las calles y deben estar por cuadrantes, por polígonos, por manzanas. Para los ayuntamientos, este debe ser uno de los departamentos con mejor tecnología, de ahí incluso provienen muchos de los principales arbitrios y de ahí se puede perder o no la credibilidad de los ayuntamientos. Al no tener fiscalización, avanza el proceso de ocupación y esto se traduce en mayores costos para los ayuntamientos, porque ahora hay que hacer un proceso de readecuación de la ciudad. Hay un alto costo para el Estado en su conjunto en hacerse de la vista gorda. Hay un costo en pensar que yo puedo dejar a todo el mundo hacer lo que quiera y donde quiera.
¿En cuanto a resultados, cómo ve usted a Santo Domingo después de la división política administrativa del 2001?
Diría que se ha avanzado en un aspecto; que un alcalde se concentre en un territorio más pequeño que el que tenía administración y jurisdicción antes del 2001, hace que sitios que eran olvidados hoy tengan un alcalde más cercano.
Sin embargo, esta división dejó a un lado una serie de temas que transcienden los límites políticos administrativos. Temas de desarrollo económico y cómo se vincula un municipio con otro.
En su momento debió haber algún tipo de protocolo para definir roles, en cuanto al gobierno nacional y el municipal.
En términos de gobernanza, la ciudad de Santo Domingo lo que ha tenido es una delimitación geográfica de los problemas para cada incumbente. Sin embargo, los elementos de estos problemas que trascienden los límites políticos y la ausencia de recursos por parte de los cabildos no permiten que se puedan ver avances.
¿Cuál es la solución en este caso?
El Gobierno, independientemente de lo que transfieran los ayuntamientos, si tú sumas las inversiones de proyectos y otras iniciativas que el Estado realiza con sus ministerios e instituciones en los territorios, ese porcentaje va a subir mucho más y hay muchos municipios que van a recibir más que otro. El Gobierno nacional y el local tienen ahora mismo la posibilidad de que ese 2% que se les da a los ayuntamientos sea más con simplemente una gobernanza compartida.
¿Cómo funcionaría la gobernanza compartida, qué propones?
En que el Gobierno nacional, que es quien tiene el recurso, y el local que tiene las demandas y las necesidades, conversen y se pongan de acuerdo. Una gobernanza compartida implica que ambas partes establezcan roles, protocolos y modo de actuación en los territorios. Es planificar juntos, pero que cada uno sepa que tiene un rol específico, a través de eso se satisface las necesidades de todo el país.
¿Cómo andamos en movilidad, tránsito y transporte?
Desde la década de los 60, la ciudad cada vez tiene más personas y más superficie construida. Sin embrago, durante años lo que hemos tenido es intento por mejorar el tema del tránsito, pero nada que se concretice en un sistema que trascienda incluso un periodo de Gobierno.
Eso significa que cada vez estamos peor en el tema de tránsito, transporte y movilidad, porque si los intentos simplemente son iniciativas temporales, que pueden durar dos o tres años, esto no contribuye a resolver el problema. Mientras nosotros invirtamos recursos en el transporte privado y dejemos el transporte público y colectivo a un lado no vamos a tener solución.
Ante lo expuesto, ¿qué propones?
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) es una de las piezas que se necesitan para mejorar este tema, específicamente el institucional. En ese sentido, ha habido una buena apuesta. Yo entiendo que aquí las vías deben ordenarse y cada carril debe ser para un uso específico en el transporte público. Que una ambulancia, un carro un vehículos de carga, un triciclo pasen por la misma vía es ausencia de orden en la ciudad.
Debilidad
Mientras no existan autoridades empoderadas vamos a seguir con ciudades como las tenemos”.
Consecuencias
La ausencia de orden produce costos en vida, en lo social, económico. Y hoy en día vemos espacios ocupados por no haber aplicado ese orden” .
