La jueza de la Oficina Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, aplazó para el próximo lunes 14 de julio, el conocimiento de la medida coerción de los acusados de pertenecer a una red delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación de seguridad privada en instituciones públicas.
En el caso denominado Lobo, que involucra a civiles y militares, están imputados el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez.
La solicitud de prisión preventiva, también incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez, al coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández.
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó la fortaleza de la investigación que culminó en la puesta en marcha de la Operación Lobo.
La procuradora adjunto dijo que el Ministerio Público sustentó con más de 500 elementos probatorios, la solicitud de prisión preventiva por 18 meses, como medida de coerción, para los diez militares y civiles involucrados en el entramado de corrupción.
Los imputados en el caso denominado Lobo afectaron, además del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
