Aplazan sin fecha revisión de medida de coerción contra Jean Alain y Forteza Ibarra

La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó este viernes sin fecha, el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y Javier Alejandro Forteza Ibarra, implicados del caso Medusa.

La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó este viernes sin fecha, el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y Javier Alejandro Forteza Ibarra, implicados en el caso Medusa.

La información fue ofrecida por el abogado de la defensa, Carlos Balcácer, quien indicó que la jueza Solanyi Vásquez tomó en consideración un recurso de apelación en contra de la medida de coerción que le fue dictada a los acusados por la magistrada del Séptimo Juzgado de Instrucción, Kenya Romero.

Ante esto, hasta que no haya una decisión en la Corte de Apelación, el Cuarto Juzgado de Instrucción no podrá conocer la revisión obligatoria de la medida de coerción contra el exprocurador y al exdirctor del departamento de tecnología de la Procuraduría General de la República.

Mientras que a Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, implicados en el caso Medusa y quienes también guardan prisión preventiva, se le conoce este viernes la revisión obligatoria de la medida de coerción.

También, se les conoce la revisión de medidas preventivas a Altagracia Guillén, exsubdirectora administrativa y financiera de la Procuraduría, Rafael Mercedes Marte, anterior encargado de contabilidad y a Jenny Marte, exencargada de proyectos, quienes guardan arresto domiciliario.

El otro implicado es Miguel José Moya quien guarda libertad bajo fianza.

El Ministerio Públco les imputa a los implicados la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

Los procesados también enfrentan cargos de infracción sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.

Además, les imputa cargos de soborno, lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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