La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), emitió e la Resolución número DGCP-44-2025-003701 mediante la cual dispone la cancelación y suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de personas físicas y jurídicas condenadas o procesadas por delitos cometidos contra la administración pública.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que esta decisión se fundamenta en las informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República y en lo dispuesto por la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
El funcionario informó que los proveedores con estatus de “cancelado” no podrán volver a contratar con el Estado, mientras que los “suspendidos” quedan inhabilitados de manera temporal hasta que concluya el proceso judicial correspondiente.
