El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) depositó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, que establece un nuevo impuesto que obliga a empresas y entidades a entregar anualmente 4,000 millones de pesos al año en fideicomisos.
Surun Hernández denunció que se trataría de un nuevo peaje sombra, solo que, sin carreteras, que implica que los que pagan impuestos tengan que erogar supuestos aportes de entre RD$500.00 y RD$260,000.00 por cada sociedad comercial y ente del Gobierno.
El gremialista explicó que esos montos en conjunto rondarían los RD$4,000 millones de pesos para ser entregados a fideicomisos privados constituidos a favor de empresarios, según el jurista.
El gremialista indicó que al cabo de 5 años esos empresarios habrían recibido la escandalosa suma de 20 mil millones de pesos, 20 veces más que el precio de cualquier planta de tratamiento o de los recursos necesarios para la limpieza y construcción de un sistema de drenaje pluvial funcional para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo o para otras obras prioritarias de las alcaldías.
Indicó que la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos es es una estocada mortal al principio de progresividad y descentralización en materia de facultades de los gobiernos locales.
