La Comisión Dominicana de los Derechos Humanos (CDDH) maneja informaciones de familiares según las cuales alrededor de 150 dominicanos habrían sido captados mediante ofertas laborales para viajar a Rusia, mientras algunos terminarían vinculados a la guerra contra Ucrania, denunció a elCaribe su presidente, Virgilio Almánzar, quien reclamó una investigación para determinar quiénes realizan el reclutamiento y si detrás de las operaciones existe una red de trata de personas.
Almánzar aseguró que las primeras denuncias llegaron a la organización desde Bajos de Haina, San Cristóbal, hace aproximadamente 20 días, y que posteriormente conocieron de casos vinculados con Higüey.
La cifra de unos 150 no ha sido confirmada por las autoridades dominicanas ni ha podido ser verificada de forma independiente por elCaribe. El presidente de la CDDH explicó que se trata de una estimación construida a partir de las informaciones proporcionadas por familiares y contactos de la organización.
Su denuncia se suma a la realizada este jueves por el diputado Carlos de Pérez, quien afirmó disponer de documentación sobre dominicanos que supuestamente viajaron a Rusia atraídos por ofertas para desempeñarse como soldadores, cocineros, pintores, albañiles y otros oficios. El legislador dijo conocer específicamente un grupo de diez ciudadanos dominicanos, entre ellos tres procedentes de La Romana. Otros medios dominicanos han recogido esa denuncia, sin que hasta ahora exista una cifra oficial sobre el total de nacionales involucrados.
CDDH denuncia que familiares estarían siendo amenazados
Uno de los aspectos que Almánzar resaltó durante su conversación con elCaribe es el temor que, asegura, existe entre algunas familias para hacer públicas las identidades de los dominicanos involucrados.
Según el activista, familiares que inicialmente se acercaron a la organización posteriormente se negaron a aparecer públicamente porque presuntamente habrían recibido advertencias de personas relacionadas con el reclutamiento. “Vinieron la gente que los reclutaron y amenazaron a los familiares de que no denunciaran esa situación”, sostuvo Almánzar.
La CDDH no aportó a este medio documentos que permitan establecer quién habría realizado esas amenazas ni identificar a los supuestos responsables, por lo que se trata, hasta ahora, de una denuncia pendiente de investigación oficial. Almánzar explicó que esa situación ha dificultado que los familiares entreguen públicamente nombres, documentos de identidad, fotografías y otros elementos que permitan individualizar los casos.
La misma preocupación sobre posibles amenazas también fue expresada públicamente por el diputado De Pérez, quien evitó revelar la identidad de uno de los hombres involucrados por temor a aumentar el riesgo para él y sus familiares.
La ruta que, según Almánzar, utilizarían los reclutados
Otro elemento revelado por el presidente de la CDDH a elCaribe es la supuesta ruta seguida por algunos de los dominicanos.
Según la información que dice haber recibido de familiares, los reclutados habrían salido de República Dominicana y transitado por Panamá y Colombia, desde donde serían organizados para continuar hacia Estambul, Turquía, antes de llegar a territorio ruso. “Parece que en Colombia era que se organizaba todo y desde Colombia lo mandaban a Estambul”, afirmó.
elCaribe no ha podido verificar de manera independiente que esa ruta sea utilizada sistemáticamente ni establecer quién coordinaría esos desplazamientos.
Colombia sí enfrenta un fenómeno documentado de ciudadanos vinculados a ambos bandos del conflicto. Su Cancillería informó este mes que había recibido 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con connacionales en Ucrania y 890 vinculadas con Rusia, incluyendo casos de fallecidos, desaparecidos, detenidos y solicitudes de repatriación. El Gobierno colombiano pidió formalmente tanto a Rusia como a Ucrania detener el reclutamiento de sus ciudadanos.

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CDDH aún no ha presentado una instancia formal
Pese a la gravedad de sus señalamientos, Almánzar reconoció a elCaribe que hasta el momento la organización no ha depositado una instancia formal ante el Ministerio Público, el Congreso u otra institución estatal.
Indicó que el caso ha sido denunciado públicamente a través de programas de televisión, redes sociales y contactos con organizaciones sociales y religiosas. La CDDH procura ahora involucrar a representantes de iglesias católicas y evangélicas para impulsar un llamado a que el caso sea investigado.
Almánzar entiende que corresponde al Ministerio Público y a los organismos de seguridad determinar quiénes realizan el supuesto reclutamiento, qué empresas o intermediarios participan, cuántos dominicanos han salido bajo esas condiciones y cuál es su situación actual.
Diputado pide intervención de Cancillería
Paralelamente, Carlos de Pérez pidió al presidente Luis Abinader y a las autoridades de Relaciones Exteriores intervenir diplomáticamente. El legislador sostiene que algunos de los dominicanos todavía estarían en condiciones de ser retirados antes de llegar a zonas de combate.
De Pérez afirmó que recibió boletos aéreos y conversaciones aportadas por familiares de uno de los involucrados, elementos que, según dijo, respaldan su denuncia. Medios que cubrieron sus declaraciones reportaron que asegura tener documentados al menos tres casos de ciudadanos de La Romana y referencias de un grupo de diez dominicanos.
