Diversos sectores de la sociedad civil y del ámbito empresarial valoraron de manera positiva las designaciones de Justiniano Montero Montero y otros seis jueces para renovar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y destacaron el mérito técnico, la experiencia jurisdiccional y la profesionalización institucional.
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) valoró de manera positiva que la experiencia jurisdiccional y la profesionalización interna hayan sido determinantes en la conformación del máximo tribunal colegiado.
De las seis personas seleccionadas, cinco provienen directamente de la carrera judicial, cumpliendo con el mandato constitucional de privilegiar el mérito interno.
Entre los nombramientos sobresale la escogencia del magistrado Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la SCJ, decisión que la entidad define como un reconocimiento explícito a quienes consagran décadas al servicio de la justicia.
Junto a Montero, se incorporan los jueces Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino y Julio César Emilio Canó Alfau, además de Amaury Antonio Pimentel Fabián, que aportan experiencia en múltiples materias, incluida la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes.
A este grupo de carrera se suma la abogada y académica Ylona María de la Rocha Camilo, cuya designación fue ponderada por la ROI como un contrapeso técnico complementario que enriquecerá el debate jurídico desde el ejercicio libre y la docencia superior.
No obstante el respaldo al mérito técnico, el colectivo advirtió que los procesos de selección jamás deben degenerar en competencias de popularidad ni quedar condicionados por presiones mediáticas ajenas al marco legal.
De igual modo, reclamaron máxima transparencia institucional al CNM, y solicitan la publicación íntegra de las actas y las motivaciones detalladas que fundamentaron las valoraciones de cada postulación examinada durante las vistas públicas.
Brecha de género y su impacto
En paralelo a la valoración del mérito, tanto la ROI como la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (Anmepro) fijaron una postura crítica respecto a la subrepresentación femenina en las altas cortes.
Con la entrada de Antonia Josefina Grullón Blandino, Arelis Socorro Ricourt Gómez e Ylona María de la Rocha Camilo, el número de juezas en el pleno asciende a cinco de un total de 17 integrantes.
Aunque Anempro, a través de su presidenta Agripley Valverde, reconoció este paso como un avance en el acceso de las mujeres a los puestos de máxima toma de decisión, ambas entidades subrayaron que el 29.4 % frente al 70.6 % de representación masculina evidencia la persistencia del denominado techo de cristal, contrastando con la realidad de una judicatura dominicana cuya base operativa está compuesta mayoritariamente por mujeres.
Desde la perspectiva del sector productivo, Valverde puntualizó que la conformación y el desempeño de la Suprema Corte de Justicia inciden directamente en el clima de inversión y la estabilidad de los negocios en la República Dominicana.
La líder gremial remarcó que la independencia judicial, la previsibilidad jurídica y el respeto irrestricto a la Constitución representan garantías indispensables para fomentar el desarrollo económico sostenible. l elCaribe
Víctor Fadul respalda designaciones en la SCJ
El diputado Víctor Fadul, quien además es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura, felicitó públicamente a los nuevos magistrados a través de sus plataformas digitales. Fadul destacó de forma particular la designación de Justiniano Montero Montero al frente del Poder Judicial, así como las incorporaciones de Ylona María de la Rocha Camilo y Arelis Socorro Ricourt Gómez. En su declaración, el dirigente político manifestó su confianza en que los jueces asuman sus mandatos guiados por la integridad y el apego a la carta magna, recordando que la legitimidad del sistema de justicia reposa en su capacidad de proyectar certidumbre y resguardar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Con estas declaraciones, confluyen en el debate público el reconocimiento a la madurez institucional de la carrera judicial, el reclamo de políticas efectivas que garanticen la paridad de género en las instancias superiores del Estado y la exigencia de un escrutinio social continuo sobre las decisiones que marcarán la gobernanza interna de la Suprema Corte de Justicia en este nuevo ciclo jurisdiccional.
