El Centro Montalvo celebró su segundo análisis de coyuntura de 2018 con el tema “Situación migratoria actual en República Dominicana desde el punto de vista social y económico”.
El foro, que contó con las exposiciones del economista Juan del Rosario y del sociólogo Wilfredo Lozano, sirvió de escenario para que personas de diversos áreas de la sociedad civil pudieran analizar la problemática migratoria.
Gustavo Toribio, coordinador nacional de Derechos Humanos del Centro Montalvo y moderador del encuentro dio lectura al documento de posicionamiento elaborado por el Centro Montalvo a raíz de los sucesos lamentables que han servido de marco para la promoción del odio y la exclusión de grupos vulnerabilizados, entre ellos los de migrantes.
El documento de la ONG jesuita plantea que “en República Dominicana el tema migratorio se mezcla necesariamente con muchos prejuicios que existen acerca de las relaciones históricas con el vecino pueblo de Haití. Sin embargo, un justo tratamiento de la migración no debe reducirse a una cuestión de defensa nacional en nombre de una historia patria sesgadamente reconstruida. Es verdad que el peso mayor de la realidad migratoria dominicana gravita en torno a la inmigración haitiana; pero esa especificidad no legitima un abordaje irracional de la política migratoria que contravenga los principios de un Estado social y democrático de derecho”.
Toribio puntualizó que “al tomar el tema migratorio para ocultar los niveles de corrupción del Estado daña las dinámicas sociales, las relaciones comerciales y culturales entre Haití y República Dominicana, siendo este el segundo socio comercial de nuestro país. Por este motivo, instamos al gobierno y las autoridades dominicanas a volver a las líneas básicas de la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”.
Dentro de las recomendaciones de la Coordinación de Derechos Humanos del Centro Montalvo se encuentran colocar la gestión y el control migratorio en manos de un cuerpo civil especializado e integrar el enfoque de derechos en la capacitación de los operadores de la aplicación de la política migratoria, para evitar la corrupción en la frontera.
