El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), informó que hasta la fecha han cerrado 27 comercios que cometieron fraudes con tarjetas de los programas sociales del Gobierno.
Durante una entrevista en Despierta con CDN, Eddy Alcántara indicó que una resolución está lista para cerrar 23 negocios adicionales la próxima semana.
El funcionario dijo que los comercios afectados se encuentran distribuidos a nivel nacional, pero la mayor concentración de cierres se ha producido en el Gran Santo Domingo.
El director de Pro Consumidor explicó que, a medida que reciben datos de nuevos negocios involucrados en estas actividades ilícitas, el instituto procede a revisar y procesar la información.
Devuelven dinero del fraude
Aunque el monto exacto del fraude detectado aún no se ha precisado, Alcántara señaló que varios de los comercios responsables han devuelto los recursos provenientes de los fraudes cometidos con las tarjetas del Gobierno.
El funcionario destacó que el cierre de estos comercios hasta el momento es de naturaleza provisional, porque la clausura definitiva debe ser ordenada por el tribunal correspondiente una vez que se concluya el proceso judicial.
Alcántara señaló que en busca de fortalecer la lucha contra este tipo de prácticas ilegales, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) suscribieron un acuerdo que permite a Pro Consumidor intervenir y tomar las medidas necesarias.
El director de Pro Consumidor informó que las medidas incluyen aplicar sanciones preventivas, mientras el Ministerio Público y los tribunales llevan a cabo las investigaciones y determinan las sanciones correspondientes.
Entidad está enfocada en combatir fraudes
Eddy Alcántara expresó que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor reafirma su compromiso de velar por los derechos de los consumidores. El funcionario dijo que la entidad que dirige está enfocada en combatir activamente cualquier forma de fraude y abuso en perjuicio de los beneficiarios de los programas sociales que ejecuta el Gobierno.
