En la sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Diputados acogió las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo a Ley de Incentivo a la Aviación Civil, al igual que el Senado de la República.
El oficialismo se impuso a la objeción de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), y aprobó el informe que presentó la Comisión Permanente de Industria y Comercio, presidida por el diputado Darío Zapata (PRM-Dajabón), que tuvo a cargo el estudio de la pieza.
La iniciativa sometida por el Ejecutivo fue devuelta al Congreso, tras ser refrendada por ambas cámaras parlamentarias, porque los legisladores le realizaron cambios que “alteraban su esencia”, los cuales afectan la proyección de las recaudaciones fiscales, contrario a la propuesta inicial.
La pieza, que vuelve a su estado original, deja fuera de excepciones fiscales los aviones privados y de carga. Por lo que se ratifica el privilegio para vuelos comerciales internacionales de pasajeros, operados por aerolíneas dominicanas o extranjeras con establecimiento permanente en el país.
Antes de la observación del Poder Ejecutivo, la ley extendía la exención fiscal a operadores aéreos nacionales e internacionales con establecimiento en el país que se dedican al transporte de pasajeros, carga o correo nacional o internacionales y al conjunto de actividades vinculadas a la explotación comercial de rutas de aeronaves civiles para el transporte interno o internacional de pasajeros en la República Dominicana.
Sobre el plazo para los incentivos fiscales a 15 años, se redujo a cinco.
Al motivar a que votaron por la legislación, Zapata explicó que las observaciones son a cuatro “simples” aspectos (los artículos 2, 3, 6 y 16), entre ellos la exclusión de las aeronaves de carga y privadas “porque se podría ver como un privilegio o desigualdad”.
La iniciativa volverá al Poder Ejecutivo para su consideración.
Aprueban bienes incautados
Por otra parte, la Cámara Baja aprobó en segunda lectura el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, que ordena la creación de un instituto como órgano responsable de la administración y destino de esos bienes.
El pliego legislativo, que pasa al Senado para su conocimiento, tiene por objeto establecer un sistema de administración, control, mantenimiento de los bienes que sean incautados, secuestrados o abandonados en el curso de un proceso penal o de extinción de dominio.
Antes de la votación, el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, dijo que con la aprobación de la pieza se cumple con la Ley de Extinción de Dominio y la Constitución de la República. Además, ponderó el arduo trabajo de un grupo de diputados para que esto sea una realidad.
De su lado, varios legisladores resaltaron la calidad del proyecto de ley, resaltando que el marco jurídico será una herramienta idónea para administrar y salvaguardar los bienes bajo custodia.
El demandado pliego de ley ordena la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), provisto de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Hacienda, como órgano responsable de la administración y destino de los bienes.
Se podrán vender los bienes incautados
Con la iniciativa, el Estado podrá vender de forma anticipada los bienes incautados, secuestrados o abandonados sujetos a su administración sin que sea necesario esperar una sentencia definitiva de decomiso o extinción de dominio. Las ventas anticipadas podrán realizarse por cualquiera de las modalidades de venta por subasta establecidas en esta ley y serán autorizadas por el Consejo Directivo del Incabide.
