También deja en el limbo la iniciativa de ley que establece el sufragio obligatorio, la cual fue retirada en 2025
El Congreso Nacional dejó “morir”, en dos ocasiones y de manera consecutiva, el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable; y también “se hizo de la vista gorda” con el proyectos de ley que establece el voto obligatorio de las personas civiles mayores de edad en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales.
Los temas son a raíz de las propuestas del voto obligatorio e incentivos contra la abstención electoral planteadas por representantes de partidos políticos, en el estudio coordinado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), a solicitud de la Junta Central Electoral (JCE), mediante un convenio de colaboración técnica.
El proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable es de autoría del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, el cual otorga una serie de beneficios a quienes se expresen en las urnas.
El pliego legislativo tiene por objeto estimular a los ciudadanos a ejercer el voto y crear conciencia sobre la importancia de su participación en los procesos electorales; así como reconocer y distinguir al ciudadano que ejerce este derecho y deber patriótico; otorgar condición preferencial de elegibilidad al ciudadano cumplidor de su deber de sufragar y, además, otorgar beneficios directos compensatorios por cumplimiento del deber del sufragio.
La legislación fue sometida en la Cámara Baja, por tercera ocasión, el 16 de abril de 2026 y aprobada de urgencia, en dos sesiones consecutivas, el 22 de julio.
El marco de ley descansa en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, desde el pasado 23 de julio, sin un informe elaborado. La iniciativa tiene hasta el 12 de enero de 2027 para ser aprobada, de lo contrario, volverá a caducar.
En su segundo intento, Cedeño reintrodujo el proyecto en la Cámara de Diputados el 17 de marzo de 2025, siendo aprobado en segunda lectura, el 18 de julio de ese mismo año. La pieza fue remitida al Senado el 22 de dicho mes, donde perimió al cierre de la siguiente legislatura.
La primera vez que el diputado por La Romana sometió el marco de ley fue el 5 de marzo de 2024, el cual caducó en la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara la medianoche del 13 de enero de 2025, sin llegar a ser aprobado por el Pleno.
Media jornada laboral remunerada y más beneficios
De acuerdo a la normativa, todo ciudadano empleado, sea a término fijo o indefinido, que ejerza el derecho al voto en las elecciones generales, se beneficiará de media jornada laboral remunerada. El descanso podrá usarse dentro de los 30 días después del ejercicio del sufragio previa coordinación con su empleador.
El empleador podrá deducir este costo salarial en su declaración del impuesto sobre la renta, conforme lo establece el Código Tributario, Ley 11-92, del 16 de mayo de 1992.
La propuesta establece, además, que en los concursos públicos para puestos en dependencias e instituciones públicas, adjudicación de obras, compras, concursos para becas, premios del Estado, beneficios sociales, planes de viviendas, ingreso a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, entre otros, sin que sea limitativo, todo ciudadano que ha ejercido el voto en los comicios inmediatamente anteriores gozará de preferencia de elegibilidad, cuando concurra a la presentación de los requisitos o calificaciones empatado con un concursante que no acredite haber votado en las elecciones inmediatamente anteriores al certamen.
Asimismo, los ciudadanos que acrediten haber votado en las elecciones inmediatamente anteriores tendrán derecho, por una vez, durante el período para el cual ejerció el sufragio, a la exención del pago para expedición de su cédula de identidad y electoral por pérdida o deterioro, certificaciones de cédulas, y de cualquier cuota a pagar por las diversas actas de nacimiento que expide la JCE, inherentes a su persona.
También al descuento de 15% en la expedición o renovación de su pasaporte personal; expedición gratuita del certificado de no antecedentes penales y certificado de vida y costumbre solicitados después de las elecciones inmediatamente anteriores; y descuento del 25% del costo de matriculación en universidades e instituciones de estudios superiores propiedad del Estado dominicano.
De igual manera, las universidades e instituciones educativas privadas de manera voluntaria, otorgarán descuentos en la matriculación a los estudiantes que acrediten haber votado en las elecciones nacionales previas.
Según la iniciativa, la Junta Central Electoral otorgaría, en cada elección, un reconocimiento físico al ciudadano que haya ejercido el sufragio. Dicho reconocimiento expresaría en letras de alta legibilidad la frase: YO VOTÉ. El duplicado por pérdida o deterioro de este documento sería gratis. El órgano comicial, en cada periodo electoral, llevará a cabo o realizará campañas de divulgación y orientación sobre los beneficios y fines de esta legislación.
Para ser ley, el proyecto deberá ser ratificado por el Senado; de lograrlo, irá al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
Votación obligatoria fue retirada, tras un casi año sin CD hacerle caso
El proyecto de ley que establece el voto obligatorio de las personas civiles mayores de edad en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales celebradas en la República Dominicana fue propuesto por el exdiputado Hamlet Melo, de Fuerza del Pueblo (FP), el cual dividió las opiniones de congresistas, aún de un mismo partido político.
El exlegislador depositó la iniciativa en la Cámara Baja el 29 de mayo de 2024, siendo retirada el 02 de abril de 2025, tras casi un año de ser ignorada por los diputados. La propuesta legislativa nunca fue tomada en consideración por el Pleno (no inició su trámite). La mayoría de los consultados sobre el proyecto coincidieron en que violaba el principio constitucional de votación libre y voluntaria.
La pieza buscaba disminuir los niveles de abstención electoral y que haya una representación más equitativa y diversa en el Congreso y el Gobierno.
La JCE, de acuerdo a la normativa, establecería mecanismos para facilitar el cumplimiento del voto obligatorio, la disponibilidad de centros de votación accesibles, implementación de sistemas de registro electoral eficientes y la educación cívica continua para informar a los ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades electorales. También establecería medidas de seguimiento y evaluación para monitorear la implementación y el impacto del voto obligatorio en la democracia y los derechos humanos.
Motivó la elaboración de las propuestas
El proyecto que establece el voto obligatorio fue sometido justo 10 días después de ser efectuadas las elecciones presidenciales y congresuales, y tres meses luego de las municipales, procesos en los que destacó el alto nivel de abstención, que fue histórico en el país.
En este contexto, Melo planteó la obligatoriedad del sugragio de todos los ciudadanos civiles mayores de 18 años, sin precisar las posibles sanciones para quienes no se expresen en las urnas; dejó eso en manos de la Junta, quien elaboraría un reglamento con regímenes de consecuencias para quienes se abstengan, el cual debía estar listo 180 días después de la promulgación y publicación de la ley.
Los legisladores que respaldaban la propuesta legislativa recomendaban una serie de sanciones para quienes se abstengan de votar, como es la suspensión de planes sociales; no renovación del pasaporte, licencia de conducir u otros documentos; así como el impedimento para ocupar algún cargo público en el Estado. Varios países establecen el voto obligatorio, de acuerdo con International IDEA
Según declaraciones pasadas del diputado Eugenio Cedeño, la abstención electoral aumentó de 22.57 % en 1996 a 30.40 % en 2016. En 2020 subió a 44.71 % por el contexto de la pandemia y volvió a crecer en 2024 hasta 45.63 %, la cifra más alta registrada en una elección presidencial desde el retorno de la democracia.
