Las instituciones del Estado continúan acogiéndose a la resolución 02-18 de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para la contratación de servicios de suministro de combustibles, reparación de vehículos y adquisición de pasajes.
La resolución que establece este mecanismo entró en vigencia el 23 de agosto pasado, luego de ser derogada la resolución 15-08, emitida el 4 de noviembre de 2008, ya que la misma fue utilizada para realizar compras directas de combustibles y contratación de servicios de talleres en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), operaciones que fueron presentadas como parte de un escándalo de corrupción administrativa en esa dependencia estatal.
Ayer, la Fuerza Aérea, a través del Ministerio de Defensa (MIDE), lanzó la convocatoria para la compra de combustibles, que esta entidad utiliza en grandes cantidades debido a los equipos y aeronaves que posee.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) fueron las primeras instituciones en convocar la licitación pública nacional, para la adquisición de combustibles.
En la resolución se indica que para que las instituciones del Gobierno compren combustibles, se debe tomar como referencia, previo al inicio del procedimiento, el consolidado de históricos de gastos del último año y se recomienda que los procedimientos de contratación prevean el aprovisionamiento para períodos no menores a seis meses.
Además se establece que podrá ser comprado en razón del tipo de combustible y de la modalidad de expendio, en estaciones de servicio (mediante tickets o tarjetas electrónicas) y a domicilio.
En la resolución 15-08 fue en la que se amparó Manuel Rivas cuando fungía como director de la OMSA, para realizar las adjudicaciones de contratos a empresas propiedad de alegados vinculados a funcionarios de la entidad.
El exfuncionario cumple prisión preventiva por la muerte del abogado y catedrático Yuniol Ramírez, ocurrida en octubre del pasado año.
Según el Ministerio Público, la muerte del jurista fue el resultado de los actos de corrupción en la entidad del Gobierno.
