Autor: Dr. Basilio Florentino Morillo
La segunda entrega mostró que una igualdad meramente declarada resulta insuficiente cuando faltan oportunidades.
Esa exigencia ética tiene también una dimensión jurídica. La Constitución dominicana vigente, proclamada en 2024, reconoce la dignidad humana y la igualdad, y consagra el derecho a la educación. No se trata de convertir cada desacuerdo escolar en un litigio, sino de comprender que los derechos establecen límites al abuso y responsabilidades para las instituciones.
La Ley General de Educación 66-97 ofrece una orientación especialmente clara. Su artículo 4 vincula la educación con los derechos fundamentales, la convivencia democrática, la verdad y la solidaridad. El artículo 5 propone formar personas críticas y creativas capaces de contribuir a una sociedad justa y solidaria. Estos fines no se cumplen por repetirlos en una ceremonia: deben reflejarse en el acceso, la evaluación, la participación y el trato que recibe cada estudiante y cada actor del sistema.
El derecho enseña que una decisión justa necesita reglas conocidas, razones comprensibles y procedimientos que permitan escuchar a las partes. En el aula, una sanción sin escuchar al estudiante puede producir obediencia momentánea y resentimiento duradero. Antes de decidir, corresponde conocer los hechos, distinguir responsabilidades y evitar castigos colectivos. Después, conviene explicar la medida y abrir, cuando proceda, una vía de reparación. La convivencia democrática no elimina los conflictos: ofrece modos humanos de afrontarlos.
En mi trabajo sobre el diálogo defiendo la palabra frente a la imposición y subrayo la escucha, el respeto y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Josep María Puig (1995) considera el diálogo un procedimiento central para la educación moral. Esto no supone negociar derechos fundamentales ni tolerar la violencia, sino ejercer una autoridad firme y razonada, sin confundir disciplina con humillación.
Educar en la justicia exige coherencia institucional: no se puede pedir honestidad mientras se ocultan criterios, ni reclamar respeto mientras se excluyen voces. Turnos de palabra, decisiones motivadas, reglas comprensibles y posibilidad de rectificar convierten la justicia en experiencia cotidiana, preparando a la persona para una ciudadanía responsable.
