En Conferencia del Poder Judicial 2026 también disertan sobre procesos constitucionales y el Ministerio de Justicia
Durante el desarrollo de la segunda jornada de la Conferencia del Poder Judicial 2026 que se realiza en la Ciudad Judicial Santo Domingo Este con énfasis de gobernanza, expertos nacionales y extranjeros participan en paneles y conferencias que abordan la Optimización del Proceso Penal, reformas estructurales en la justicia, conversaciones relevantes y buenas prácticas del sistema judicial a nivel regional.
En el panel titulado Audiencia de los acuerdos en los procesos penales, los disertantes reflexionaron acerca de la importancia del uso de esta herramienta en los conflictos para justicia pronta y cumplida para las partes involucradas en el conflicto.
El panel estuvo a cargo de los puertorriqueños Carmen Otero Ferreira, jueza administradora en Bayamón; Harry Santos Colondres, director de la Oficina de Asistencia Legal de Arecibo, y Ruz Torres Orengo, jueza administrativa de Educación Especial.
A modo de ilustración, se conoció una audiencia en vivo en la que un imputado, que estuvo en estado de rebeldía, fue sentenciado a tres años de prisión suspendida, previo acuerdo entre las partes y admisión de culpabilidad de él mismo, conforme establece el Código Procesal Penal.
La aplicación de mecanismos de solución alterna de conflictos en el proceso penal contribuye al ahorro del gasto público y ayuda a disminuir la carga de trabajo en los tribunales. “Los acuerdos en Puerto Rico son una etapa natural de los procesos, son prácticas que ejercitamos hace años en su historia judicial. Ejercicio de justicia pronta y cumplida. En más de un 90% de los casos penales llegamos a acuerdos”, indicó la magistrada Otero.
Mientras que el conversatorio 20 años del Código Iberoamericano de Ética Judicial giró sobre su evolución, función en la región, aplicación práctica en los sistemas judiciales internacionales y desafíos contemporáneos de la ética judicial frente a las nuevas realidades sociales, tecnológicas e institucionales.
Sobre el tema expusieron el magistrado Justiniano Montero, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dominicana; Fara Saucedo Pérez, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba y secretaria ejecutiva de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ); Armando Andruet, director Internacional de la Cátedra de Ética Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Asimismo, Octavio Tejeiro Duque, exjuez x juez presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y ex miembro la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), quienes coincidieron en que el Código necesita ser actualizado hacia un nuevo orden normativo, conforme a las fases evolutivas y uso de las tecnologías.
Durante este taller, se destacó la importancia de su uso para la transformación en la justicia como vía para optimizar los procesos, mejorar la eficiencia y garantizar un servicio más accesible para la ciudadanía.
Expusieron las juristas Elizabeth Clemen, presidenta-directora ejecutiva del Centro Nacional de Tribunales Estatales de Michigan, y Dan Brubaker, director de Operaciones de la Corte Suprema de Michigan.
A juicio de los panelistas, se requiere de mentes abiertas y gentes dispuestas a usar las tecnologías y la Inteligencia Artificial, aclarando que estos cambios no representan amenazas al trabajo de jueces y abogados, sino más bien ventajas aprovechables en cada uno de los escenarios, a fin de tener mejores modelos de justicia.
Justicia Abierta
En el espacio de Justicia Abierta, los panelistas señalaron “que una Justicia Abierta es básica para legitimar la percepción ciudadana de cara a los jueces, una forma esta de exhibir cada vez mayor independencia y transparencia”.
Los ponentes fueron Álvaro Herrero, coordinador ejecutivo Red Internacional de Justicia Abierta, Argentina; José (Pepe) García Morales, coordinador regional de Apoyo a Países de América; Ana Cárdenas, directora Proyectos de Justicia, y Peter Sharp, consultor internacional en Gobierno y Justicia Abierta, Chile.
La Justicia Abierta es también una forma amigable de medir el trabajo y accionar del sistema, ayudando a detectar avances, mostrar resultados, acercamiento y confianza ciudadana en la justicia.
Presidente TC de RD plantea ajustes para mejorar procedimientos
Al participar ayer como panelista en la Conferencia del Poder Judicial 2026, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, expresó la necesidad de que en el país se hagan varios ajustes legislativos en aras de mejorar los procedimientos constitucionales.
En el marco del panel “Casación y revisión constitucional en el Estado de derecho”, Estévez Lavandier manifestó que, desde su punto de vista, entiende que los recursos de revisión constitucional, de sentencias jurisdiccionales, e incluso las de amparo, deberían ser depositados directamente en la sede del Tribunal Constitucional y no en el Poder Judicial, a fin de que en los procesos no haya dilaciones y mora judicial.
“Eso se entendía porque al momento de crearse, de instaurarse el Tribunal Constitucional, no tenía ni siquiera sede, y se utilizaba de auxiliar la Suprema Corte de Justicia. Pero hoy no tiene ningún sentido, muy por el contrario, hace ocho, seis meses atrás, era un problema. ¿Por qué? Porque el trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia dilataba que los recursos de revisión llegaran con el tiempo oportuno al Tribunal Constitucional, lo cual incluso ayudaba a acumular una mora en el Tribunal Constitucional”, expresó Lavandier.
Otro aspecto que afirma debería ajustarse a través de alguna fórmula es la suplencia de algún juez del Tribunal Constitucional en momentos de que haya que llenar quórum cuando el magistrado esté de vacaciones, de licencia o inhibido. Apunta, por ejemplo, que en caso de que no estén los 9 votos para el quórum el expediente no puede salir o la decisión no se puede dar. “Por ejemplo, yo he pensado, lógicamente tiene que ser una reforma constitucional, porque es la Constitución que tiene que permitirlo, no puede ser la ley, que yo tengo ahí un banco de 17 o 18 jueces pensionados, la Constitución puede autorizar un mecanismo de suplencia”, expresó.
Reorganizar sistema con el Ministerio de Justicia
Mientras que, en el panel Rol del Ministerio de Justicia en el fortalecimiento del Estado de Derecho, el ministro de esa entidad de República Dominicana, Antoliano Peralta, resaltó cómo esta institución busca reorganizar y fortalecer el sistema de justicia en la República Dominicana. En su intervención, Peralta resaltó que la creación de este ministerio es un paso crucial para separar funciones y mejorar la eficiencia en la administración de justicia, especialmente en áreas como el sistema penitenciario y la defensa del Estado. Indicó que, para tales fines, se trabaja en la implementación de políticas públicas.
