Decreto al terrorismo ambiental sin Ley de Agua Integral

El pasado 02 de septiembre, el Gobierno dominicano emitió el Decreto 615-26, en el que declara de “alto interés nacional y de prioridad estratégica el combate contra el terrorismo medioambiental”, cuyo alcance abarca la agresión a los parques nacionales y a los recursos críticos, acompañado de una “persecución penal implacable”, sean estos dominicanos o extranjeros. Sin embargo, ¿qué tan eficaz puede ser la protección de un recurso estratégico cuando el país todavía carece de una legislación integral y actualizada sobre el agua? La República Dominicana aún espera la aprobación de la Ley número 5852: sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas, borrador que se encuentra en histórica discusión que viene a actualizar un sistema legal que tiene más de 60 años y no responde al desarrollo del país, a la economía y, por supuesto, a los desafíos climáticos actuales y futuros.

Este decreto, oportuno, sin embargo, amputado de un lado tan neurálgico, sin una gobernanza del agua. Precisamente, cuando la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó en 2020 que de 405 millones de galones de agua diarios se pierde el 60 %. Escenario que no ha cambiado ni mejorado. De igual manera, lo planteó el economista Andrés (Andy) Dauhajre hijo, en un reportaje recientemente publicado en este medio, titulado “¿Escasez de agua o de sentido común?”, y más preciso no podía ser. Dauhajre señala lo siguiente: “Lo que debemos ejecutar es un programa para enfrentar las pérdidas en el suministro… el problema de la falta o escasez de agua en el GSD no tiene absolutamente nada que ver con una baja capacidad de producción nominal o efectiva sino con el hecho de que las pérdidas en la distribución del agua son gigantescas”. Esto, a propósito del proyecto del Programa de Seguridad Hídrica del Embalse Hatillo, con una inversión estimada de 750 millones de dólares, es decir, más de 44 mil millones de pesos dominicanos.

De igual manera, en junio pasado, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, reconoció en una conferencia la importancia de aprobar una Ley de Agua e indicó que no era posible que existieran alrededor de 18 instituciones rectoras del agua en la República Dominicana.

Por consiguiente, ¿cómo pretende el gobierno decretar “la guerra” al terrorismo ambiental y no posee la capacidad de determinar las fugas de agua, las conexiones clandestinas, la contaminación de acuíferos, ríos y cañadas con asentamientos urbanos y tugurios? Nos enfrentamos a una contradicción: el desarrollo de la capacidad de respuesta frente al daño medioambiental con una gobernanza de la gestión gubernamental del agua aún inoperante, ineficiente y obsoleta.

El agua es un problema cotidiano en el país, con comunidades con suministro irregular; extracción de aguas subterráneas, contaminación de ríos y extracción indiscriminada de arena y piedras, pérdida de fuentes, mal uso en los riegos agrícolas; desafíos de saneamiento; la gestión y disposición final de aguas residuales; el crecimiento turístico y actualmente los períodos de sequía que desencadenan un tipo de “Los juegos del hambre”, con los vendedores informales de agua, cuya calidad y seguridad del líquido son cuestionables. Por lo tanto, se reconoce el esfuerzo que el Gobierno pretende hacer en el desarrollo de infraestructuras hídricas, pero no parece avanzar al mismo ritmo en la gobernanza del recurso vital.

Actualmente, el mundo se enfrenta a desafíos por el estrés climático provocado por las acciones propias del ser humano, como lo es El Niño, donde se prevén sequías extremas en Centroamérica y el Caribe, que se pronostica que se prolongarán hasta febrero de 2027, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que aseguró que se convertirá en uno de los más intensos registrados.

Pacto dominicano por el Agua

En agosto de 2023, como otras tantas propuestas, el Gobierno presentó la firma del Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036, cuya inversión en su momento superaba los 8.000 millones de dólares. “Si lo estamos firmando hoy, es porque requerimos acciones inmediatas a corto, mediano y largo plazo, y por parte de toda la sociedad”, precisó el presidente Luis Abinader. De acuerdo con lo presentado, el Pacto compromete a sectores gubernamentales, académicos, universitarios, ambientales, municipales, empresas privadas, organismos regentes y partidos políticos en 38 acciones que aseguran el importante recurso hídrico para la República Dominicana, desde su gobernanza y gestión hasta su preservación y cuidado. La pregunta directa y simple sigue siendo la misma: ¿Por qué no se ha aprobado la Ley de Aguas? En el informe del pacto se reconocen las dificultades y sobre la base de qué términos deben enfrentarlas; en otras palabras, conocen el camino que deben recorrer, pero deciden postergar su recorrido. El absurdo prevalece.

Planes y pactos

En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) presentó el Plan Hidrológico Nacional, una herramienta de gobernanza que busca la gestión sostenible del agua en el país. De la misma manera se suman los siguientes proyectos:
·Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua 2021-2036
·Plan Hidrológico Nacional
·Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos
·Plan Nacional de Rescate de las Instalaciones del Inapa
·Plan General del Agua
·Pargirh – Agricultura Resiliente y Gestión Integrada de Recursos Hídricos
·Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales Moca-Gaspar Hernández
·Convenio Inapa–Indenor: 7,500 módulos sanitarios
·Programa de Saneamiento Universal en Localidades Costeras y Turísticas
·Pacto / programas de modernización del sector agua potable y saneamiento
·Programa de Transición Resiliente del Agua y la Agroalimentación en Cuencas Críticas

En conclusión, la situación actual no es de carencia de inversión; es la brecha entre la gobernanza y la seguridad hídrica. Continuamos con un elevado financiamiento, y con comunidades que aún esperan que llegue el agua, una abundancia grotesca de instituciones, pero una gestión históricamente fragmentada, obras en exuberancia con la necesidad permanente de nuevas ampliaciones para enfrentar sequías y crecimiento de la demanda, una persecución del daño ambiental con una frágil y desatendida prevención, planificación y regulación del recurso.

La seguridad hídrica no se decreta, no es un intercambio de carpetas institucionales, es el hijo que cuida a su madre enferma y desea asearla por las mañanas, y puede hacerlo de forma digna.

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