Los partidos FP y PLD anuncian que también someterán recursos de acción directa de inconstitucionalidad
Representantes de la sociedad civil y de partidos políticos depositaron ayer en el Tribunal Constitucional (TC) dos recursos de acción de inconstitucionalidad en contra de la ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia.
Apostados frente al órgano extrapoder, los manifestantes denunciaron que la recién promulgada ley viola la libertad de expresión y pensamientos de los ciudadanos, por lo que exigieron que la pieza sea revocada.
Se pronunciaron al respecto Carmen Orozco, presidenta de Patria Libre y Soberana; Damaris Patrocinio, titular del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi); Priyanka Rodríguez, representante de RD Inclusive; y Carlos Peña, presidente del Partido Generación Servidores (GenS).
De los dos documentos, uno fue sometido por las organizaciones civiles y el otro por el partido GenS.
Carmen Orozco adelantó que para agilizar el conocimiento de la acción en el TC solicitarán la urgencia.
“Vamos a depositar un amparo urgente, porque no vamos a esperar que esa comisión se ponga de acuerdo; nosotros vamos a tomar la prerrogativa, porque fuimos asaltados. El pueblo fue asaltado, y mientras los poderosos y demás se ponen de acuerdo, les conviene que se alargue, nosotros tenemos que tomar la prerrogativa”, sostuvo.
Su comentario fue en el marco de que el pasado viernes el presidente Luis Abinader motivó el inicio de un diálogo con los sectores que se han pronunciado en contra de algunos aspectos de Ley 1-24, el cual comenzó ayer a las 4:00 de la tarde.
Recurso de GenS
El aspirante a la presidencia del país por el Partido Generación de Servidores sometió el recurso de amparo en la alta corte en contra de la recién promulgada ley convencido de que tanto el Gobierno como los partidos de oposición favorecen la legislación.
Por medio de la instancia, Carlos Peña solicita declarar no conforme a la Constitución la normativa y, en consecuencia, declararla nula de pleno derecho “y revocarla en todas sus partes, por ser contrario a los principios y disposiciones constitucionales consagrados en la Carta Magna del país”.
“Con la Ley 1-24 o Ley DNI, Luís Abinader y su narcopartido PRM pretenden instaurar una narcodictadura, haciendo uso de instrumentos inconstitucionales para limitar la libertad de los ciudadanos, con prácticas que entendíamos ya superadas, como lo es el espionaje, el caliesaje vulgar y la represión institucionalizada para limitar la libre expresión y la intimidad de los dominicanos”, manifestó.
El exdiputado aseguró que la Ley atenta contra el derecho a la privacidad de confesión de los sacerdotes católicos y pastores evangélicos, quienes también tendrán que revelar lo que sus feligreses les confiesan en las iglesias.
Peña dijo que espera que el Tribunal Constitucional acoja la acción para que los periodistas sigan haciendo su trabajo y no sean limitados en el ejercicio de sus funciones
En la acción de inconstitucionalidad sometido por el partido de oposición también se solicita disponer la anulación de cualquier acto y disposiciones conexas derivadas de la aplicabilidad y ejecución de la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, así como accesoriamente, suspender inmediatamente la ejecución de la ley atacada, “por lo menos con carácter provisional”, hasta tanto el Tribunal Constitucional conozca del asunto con carácter definitivo.
Pablo Ulloa había advertido al Congreso vulneraciones Ley del DNI
Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, advirtió el año pasado al Congreso Nacional sobre las vulneraciones del proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, hoy Ley 1-24.
En una carta enviada por la institución al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el 18 de octubre de 2023, se establece, entre otros puntos, que en el artículo 11, sobre la obligatoriedad de entregar información al DNI por parte de instituciones públicas y privadas.
Al respecto se pondera que “si bien es cierto que se estila en la mayoría de los Estados, no menos cierto es que en uno que se precie de decir que es ‘de Derecho’, este artículo debería estar sujeto a mayores definiciones de alcance y limitaciones”.
Ulloa también hace énfasis en los artículos 4 y 14 de la controversial normativa. En el 4, sobre los principios de actuación, planteó que debería desarrollarse y definir cuáles son esos principios específicos de la comunidad de inteligencia nacional, con apego al Estado Social y Democrático de Derecho.
Los artículos más atacados de la Ley 1-24 son el 9,11 y 26, y de ellos es el número 11, el cual obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar información al DNI que pueda afectar la seguridad nacional.
La nueva ley permite a la Dirección Nacional de Inteligencia acceder a informaciones públicas de instituciones del Estado y empresas privadas en su base de datos, así como a los datos generados a través de las telecomunicaciones.
FP y PLD también irán al Tribunal Constitucional
Los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) anunciaron ayer que elevarán una acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley 1-24. El presidente del partido verde, Leonel Fernández, manifestó que la institución política procederá contra dicha ley ante el Tribunal Constitucional, debido a que la pieza legislativa es contraria a la Carta Magna. Asimismo, el secretario general del partido morado, Charles Mariotti, afirmó que el PLD someterá una acción directa de inconstitucionalidad para invalidar “este último atentado contra las más elementales libertades civiles públicas que ha intentado el presidente Abinader y el gobierno del PRM”.
Derechos
Fundamentales, como de la libertad de expresión y de pensamiento, son vulnerados con la legislación.
