La falta de experiencia de los servidores públicos afecta al sistema de contrataciones del Estado dominicano
Para enmendar los entuertos y debilidades que acusa el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios del Estado Dominicano hará falta mucho más que una nueva legislación regulada por principios de eficiencia, igualdad de trato y participación, transparencia, libre competencia y sostenibilidad.
También será indispensable provocar una transformación del conocimiento de los servidores públicos y de las personas físicas o jurídicas a las que se pueda adjudicar un contrato a fin de dejar atrás la falta de planificación oportuna, la perplejidad ante lo que se debe hacer y la ignorancia sobre lo que dispone la normativa.
Tanto el órgano rector, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), como expertos en la materia que operan en el sector privado coinciden en atribuir las dilaciones de los procesos de licitación pública a la burocracia que caracteriza a las instituciones contratantes durante el análisis de las ofertas técnicas y económicas que reciben previo a la adjudicación.
De acuerdo con la Ley 340-06, la contratación de un bien o servicio debe hacerse en un plazo mínimo de 30 días hábiles que se convierten en 45 días calendario, pero que en múltiples ocasiones pueden superar los 365 días de un año, según ha denunciado el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
Son 75 días
Ruth Henríquez Manzueta, subdirectora de la DGCP, explica que en una licitación pública en la que concursan 5 ó 6 proveedores, la entidad contratante podría estar lista para firmar el contrato en 60 días, pero no así en un proceso en el que participan muchos proveedores.
“Solo ese hecho implica que a la institución le va a tomar más tiempo conocer y ponderar cada oferta, verificar los criterios de adjudicación y hacer el análisis para la adjudicación”, precisa la funcionaria.
En los últimos 12 meses, “nunca tardó un año, hablan de 90 días, hasta de 120 días y hoy hablamos hasta de 75 días. O sea que esos procesos se van acortando en la presente gestión”, asegura Henríquez Manzueta, tras considerar que se debe entender que había que hacer una curva de aprendizaje porque se trata de una administración nueva.
No obstante, Babaji Cruz Peñaló, experto en contratación pública y derecho público, plantea que existe mucho desconocimiento en las entidades contratantes respecto a cómo se deben ejecutar los procesos de licitación, lo que las lleva a recurrir al método de prueba y error.
“Dicen, por ejemplo: Ahora, hay que aportar tal documento al expediente, cuando desde el principio, pudieron haberlo pedido”, refiere el experto, tras explicar que cuando se está frente de un operativo que no conoce del todo la aplicación de la norma, la burocracia institucional se duplica por la falta de experiencia que envuelve al proceso.
“Yo trabajo contratación pública bajo un concepto de gestión de riesgos y el factor de riesgo que más se repite en procesos de compras públicas en nuestro país es la falta de conocimiento en esta materia, que es muy especializada y muy técnica”, reveló.
Desde su punto de vista, no es un problema que deba atribuirse al sistema. “Es culpa de la gestión institucional y una responsabilidad que debe asumirse de manera individual, por institución”, declaró.
Sin embargo, manifiesta que si el anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas que estudia el Poder Ejecutivo establece un programa sistemático de profesionalización de los servidores públicos que trabajan en este ámbito, el tema podría empezar a resolverse.
“Usted encuentra en la calle proveedores que saben más de compras que los mismos servidores públicos. Y eso tiene que ser una alerta para las instituciones en el sentido de que debe prepararse mucho mejor a los servidores públicos”, sostiene Cruz Peñaló.
Manifiesta que tomando en consideración la rotación de personal que se produce en las instituciones con cada cambio de gobierno, lo ideal sería establecer un sistema de carrera especializado.
El anteproyecto de Ley de Contrataciones Públicas, sin embargo, no incluye una iniciativa de esa naturaleza.
De acuerdo con la DGCP, la pieza fue consensuada con los distintos actores del sistema y fue puesta a disposición de la ciudadanía para su ponderación y presentación de observaciones a través de la página web de la institución.
Entre sus principales aportes figura: el establecimiento de la oferta de mejor valor; el aumento de un 20 a un 30% en la cuota dedicada a las mipymes; un tratamiento diferenciado para los ayuntamientos y el establecimiento de sanciones contra la colusión en la presentación de ofertas.
Una herramienta que garantice derechos
De acuerdo con Ruth Henríquez, el anteproyecto de Ley de Contrataciones Públicas recoge buenas prácticas y lecciones aprendidas por el país desde el año 2006, cuando fue aprobada la legislación vigente.
“Lo hicimos tratando de armonizar lo técnico, lo jurídico y lo económico bajo la realidad del sistema para no agotarlo solo en temas de transparencia, sino convertirlo en una herramienta estratégica para el desarrollo, para hacer posible que las políticas públicas garanticen derechos”, comentó.
