El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunció que existe la complicidad de las autoridades civiles, militares y el empresariado en la sustitución masiva de mano de obra local por obreros haitianos indocumentados en los sectores agrícola y de la construcción.
El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, indicó que esa complicidad se constituye en una actividad criminal de tráfico ilegal de migrantes, sancionado hasta con 20 años de cárcel por la propia Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
“Con todo esto solo se busca favorecer a empresarios que emplean hasta el 80% de mano de obra indocumentada, bajo la pasiva complicidad de las autoridades de la Dirección General de Migración, del Ministerio de Trabajo y del propio Departamento de Trabajo “afirmó Surun Hernández.
Someterá a la justicia
El jurista, de acuerdo a un comunicado de prensa, recordó que el artículo 135 de la Ley 16-92; y los artículos 135, 144, 423, 424, 433 y 434 del Código de Trabajo, así como los artículos 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 121 de la Ley 285-04, de Migración, prohíben y sancionan no solo la contratación de extranjeros indocumentados, sino que castiga con penas de cárcel el beneficiarse del crimen de tráfico de personas.
Citó el caso de las empresas agrícolas y de la construcción que ejercen esa práctica en perjuicio de la mano de obra local, bajo la sombrilla de las autoridades civiles y militares en beneficio de los empresarios, lo cual podría generar que los países sean sancionados.
“Hemos emplazado legalmente al Ministerio de Trabajo y a la Dirección General de Migración para que sometan a los empleadores, empresas de los sectores de la construcción, agrícola, turístico, zona franca y todas aquellas entidades y personas físicas y jurídicas, beneficiarias finales del crimen del tráfico ilícito de personas, disponiendo la ampliación del programa de deportación de todos los extranjeros residentes ilegales en nuestro país” dijo el gremialista.
Advirtió que procederá a su formal sometimiento a la Justicia en amparo de cumplimiento contemplado en la Ley orgánica del tribunal Constitucional.
Surun Hernández alertó sobre la intención del Gobierno de continuar con el malogrado proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
El presidente del CARD consideró como catastrófico que las autoridades pretendan someter nueva vez el proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
