El diputado del Partido Revolucionario Dominicano, Radhamés González, afirmó que es el sector empresarial que ha torpedeado la aprobación de la ley de ordenamiento territorial que regulará los permisos de uso de suelos en todos los aspectos. González, proponente de dicho proyecto, reveló que la iniciativa se discutió con todos los sectores que intervienen en la vida productiva nacional acompañado del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, pero que desde el sector empresarial no favorecen la iniciativa.
“Los empresarios están trabajando un proyecto de ley donde se le quita a los ayuntamientos la facultad de otorgar los permisos de suelo y son los ayuntamientos los dueños de los terrenos de los municipios, entonces entendemos que para el empresariado se trata de un tema de competitividad”, dijo González a elCaribe.
La ley que es mandatoria de la Constitución del 2010, de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de la Ley de Medioambiente, establece el marco regulatorio para el ordenamiento territorial y el uso del suelo, a partir de la adaptación al cambio climático, los desequilibrios y desigualdades territoriales, la sostenibilidad ambiental, la gestión integral de riesgos, la competitividad económica y la calidad de vida de la población.
También la iniciativa clasifica los suelos de acuerdo a su uso y vocación en: urbanizado, agropecuario, forestal, minero, y costero-marino. A su vez subdivide la zona urbanizada en residencial, comercial, industrial y recreativo.
La pieza fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados en la presente legislatura, tras meses estudios en una comisión bicameral. Está pendiente de aprobación en esa Cámara en una segunda lectura, para luego pasar al Senado para su conocimiento.
El proyecto manda, tras su aprobación a que se elabore un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que refleje la situación actual y proyectada en un período de 20 años de la relación entre sociedad-naturaleza, Estado-sociedad y asentamientos humanos-territorio.
La ley dispone un plazo de diez años a partir de su entrada en vigencia, para la formalización de los asentamientos humanos informales existentes, de acuerdo con los planes municipales de ordenamiento territorial. Sin embargo, no establece claramente el mecanismo que se empleará para adecuar las zonas donde convergen industrias con zonas residenciales y comerciales.
La ley clasifica el uso de suelo industrial
Para la asignación de suelos de uso industrial, la ley clasifica de acuerdo con los siguientes criterios: Que el industrial Clase A (peligrosas y nocivas), se localice en las áreas periurbanas o rurales a una distancia que no afecte los cuerpos de agua ni edificaciones educativas, de salud o viviendas; el industrial Clase B (molestas), se localice en las áreas periurbanas o en sectores urbanos y el industrial Clase C (Inocuas).
