En opinión de los abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre, acusado de formar un entramado de corrupción, la decisión de la jueza Kenya Romero de dictar prisión preventiva contra su defendido, habría sido por miedo a ser condenada por la sociedad.
“La decisión dictada contra de nuestro defendido fue fruto, no de la aplicación de la ley, sino del miedo de la jueza ser condenada por una sociedad que había sido prejuiciada y condicionada por el Ministerio Público, desde antes de la primera audiencia, convirtiéndolo en culpable hasta demostrar lo contrario”, manifestó la defensa a través de un comunicado.
Los juristas, que ya presentaron un recurso de apelación contra este fallo, afirmaron que la magistrada Romero ordenó que Cáceres Silvestre esté durante año y medio recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, “sin siquiera referir elemento alguno para presumir que este intentaría sustraerse del proceso u ocultar pruebas”. Consideran que en este proceso judicial, denominado caso Coral y donde hay otras cinco personas implicadas, ha primado más el sensacionalismo de un “mercadeo judicial”.
