Dictan garantía económica contra supuesta red de trata y proxenetismo

Impedimento de salida y el pago de garantía económica se impuso como medida de coerción contra tres personas acusadas de trata y proxenetismo.

Impedimento de salida y el pago de garantía económica se impuso como medida de coerción contra tres personas acusadas de trata y proxenetismo.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó  este martes un millón de pesos como garantía económica e impedimento de salida en contra de  José Ramón Cabreja Rodríguez, alias Raymond, de quien se presume es el cabecilla de la red.

De igual forma el juez José Alejandro Vargas impuso 300 mil pesos como garantía mediante una compañía aseguradora en contra de Carmen Milagros García Ramos, y el venezolano Andrés Yovanny Silva Pernia, alias El Chamo.

El domingo pasado, el Ministerio Público informó que apresó a los imputados  luego de una investigación realizada por el Ministerio Público en contra de la red.

 Además clausuraron los  bares La Fragancia Bar y/o La 6, antiguo  Pink Poni Bar, ubicado en la avenida José Núñez de Cáceres  y  La 51 Bar y/o El Gallero Bar, de la calle Centro Olímpico, del sector El Millón, Distrito Nacional.

El órgano querellante indicó que en estos establecimientos fueron rescatadas diez mujeres, cinco de ellas de nacionalidad venezolana, una brasileña y cuatro dominicanas.

A través de un comunicado aseguró que durante las pesquisas  ocuparon dinero en efectivo producto de las transacciones por los servicios sexuales, y un libro récord que se usaba para el control de dichos servicios, así como facturas y otros documentos que según han determinado las investigaciones eran utilizados en esa práctica ilícita.

También, dijo que los miembros del Ministerio Público y los organismos auxiliares pudieron establecer que  contaban con habitaciones en donde alojaban a las mujeres que laboraban en dichos negocios y que según se ha determinado durante las indagatorias eran explotadas sexualmente.

Afirmó que se presume que la  red se encargaba de contactar mujeres en la República Dominicana y en otras naciones, para luego explotarlas sexualmente, lucrándose económicamente producto de esa actividad.

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