El juez de la SCJ, Francisco Ortega Polanco, habló del diálogo entre altas cortes como herramienta de seguridad
El Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia están llamados a dialogar entre sí para garantizar la seguridad jurídica en la República Dominicana y al mismo tiempo jugar los roles jurisdiccionales correspondientes a cada una, sin interferir en los asuntos que son de competencia individual.
Ortega Polanco resaltó que la relación entre altas cortes depende, esencialmente, del peso moral e intelectual de los jueces que la integran y que la identidad del juez supremo o constitucional requerirá profundas, responsables y sosegadas reflexiones acerca de la garantía eficaz de la seguridad jurídica.
“La alternativa del diablo, de jueces o el choque de egos cuando las Cortes lidian con competencias colindantes, depende más de la prudencia, de la madurez emocional y política de los individuos que del diseño normativo o la orientación de la jurisprudencial”, señaló
Resaltó que el tema de la revisión constitucional de las sentencias de la Suprema Corte motiva inquietudes intelectuales que llevan a preguntar: ¿No resultaba mejor repartir la competencia constitucional, de manera estricta a lo que tiene que ver con la Constitución? Llámese poder concentrado para las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas ¿y el control difuso para lo relativo al ámbito judicial?
En su conferencia “Diálogo entre cortes como herramientas de la seguridad jurídica”, señaló que la seguridad jurídica es el objetivo ulterior de las instituciones y en torno a ese valor, se tiene que pensar y ejercer el derecho, especialmente en esta época, de inéditas convulsiones y complejas amenazas a los derechos fundamentales y al Estado constitucional.
El juez de la Tercera Sala de la Suprema hizo énfasis en que la coexistencia de dos altas cortes es una vía para potenciar la posibilidad de una verdadera justicia constitucional porque la jurisdicción especializada y concentrada para el control de la constitucionalidad del TC cuyos precedentes son firmes y vinculante y el control difuso a cargo de los tribunales del poder judicial, sin embargo, en la práctica, esto es complicado en virtud de que ambas son jurisdicciones supremas.
“El sistema de justicia constitucional, la modalidad de diseño político, de técnica, de administración en su sentido largo, que conduce por el camino de mayor sensatez a una imprescindible colaboración, a un diálogo constante entre los jueces y al empleo del autocontrol jurisdiccional con miras a preservar el denominado derecho vivo y en última instancia la concreción de la constitución”, enfatizó en la segunda jornada del congreso en que participan jueces, fiscales, abogados y servidores judiciales, el cual está previsto que concluya hoy.
Dijo que el tiempo ha demostrado que el choque de trenes o el diálogo de jueces dependen del carácter, de los temperamentos y de la conciencia jurídica y política de los jueces, más que de la letra de la ley.
Diálogo pese a diferencia de criterios
Ortega Polanco hizo énfasis en que ambas altas cortes mantienen una actitud de diálogo, han coexistido en una razonable dialéctica, en un ánimo de respeto y colaboración responsable y madura cuyos resultados han sido los precedentes constitucionales donde cada una ha razonado en torno a esa institución y sin que se haya desconocido la competencia o la autoridad de ninguna, se ha llegado a puntos de encuentro interesantes.
“Las altas Cortes en la República Dominicana dialogan. Derrotando los augurios y las profecías. El choque de trenes, una degradación de los jueces, de las instituciones y la democracia, no es una realidad tangible en la República Dominicana”, enfatizó.
Continuó diciendo que la Suprema Corte, ha adoptado una actitud dialoguista frente al Tribunal Constitucional, estimando que la complejidad de la sociedad actual, matizada por un grado de pluralidad y heterogeneidad.
“El precedente constitucional no está exento de las tensiones propias de la realidad social y por cuanto precisa de una legitimación racional”, acotó al destacar que son ambas entidades han razonado de manera diferente en temas como la cuantía mínima para acudir a la casación, la carrera diplomática, los permisos municipales, régimen de colaboración de instituciones públicas en el ámbito laboral, así como el espinoso e inquietante tema de la duración máxima de los procesos judiciales en materia penal, la garantía del juez natural, sin que eso rompa la debida relación y el respeto entre ellas.
Destacó que en el país el sistema judicial es mixto y es responsabilidad de los jueces administrar adecuadamente el sistema para que el Constitucional no subsuma o se termine constituyendo en una “súper casación”.
“La relación entre las cortes supremas no tiene que constituirse en choque o guerra, sino en un vínculo de diálogo de jueces permanente, de provechosa y constante colaboración”, enfatizó explicar que depende de los jueces instaurar un sistema idóneo de defensa de la Constitución, en donde el Tribunal Constitucional respete la competencia de la corte de casación y viceversa.
El peso y contrapeso para evitar abusos de poder
Durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional con llamado a fortalecer las garantías del debido proceso penal, describió que la relación armónica, inteligente y prudente de las altas cortes pasa por el poder persuasivo de la inteligencia política, la legitimación permanente de los órganos y el autocontrol.
“Es una experiencia eterna que todo ser humano dotado de poder es proclive abusar de él, extendiéndolo hasta donde encuentra límites. ¿Quién lo diría? Hasta la virtud necesita límites para que no se pueda abusar del poder, es necesario que por la disposición de las cosas, el poder refrene al poder”, expresó al citar el libro “El Espíritu de las Leyes” para hacer referencia al necesario peso y contrapeso que debe existir entre las altas cortes.
