Con el rechazo de la oposición, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados aprobaron este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia, el cual está a un paso de volver a ser ley o perimir.
La pieza fue modificada por los diputados, por lo que regresa al Senado de la República (la cámara de origen), quien sólo podrá refrendarla en única lectura o rechazarla. Si los senadores sancionan la iniciativa, como se espera, será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. El órgano parlamentario tiene hasta el próximo lunes 12 de enero para decidir sobre el marco jurídico, ya que perime pasadas las 11:59 de la noche de ese día.
El proyecto de ley contó con 112 votos a favor de los diputados perremeístas y aliados, contra 10 y varias abstenciones de los de los legisladores de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Revolucionario Dominicano (PRD) y Alianza País (AlPaís). Los dos últimos cuentan con un diputado cada uno.
Los congresistas de la oposición rechazaron la legislación por entender que da mucha discrecionalidad y poder a la DNI, y viola derechos fundamentales.
La normativa fue reintroducida al Congreso Nacional el pasado 4 de marzo, por Ricardo de los Santos, presidente del Senado, como un intento de enmendar los errores de la derogada Ley 1-24, la cual el Tribunal Constitucional (TC) eliminó el pasado año mediante la sentencia TC/0767/24, por ser inconstitucional al no ser aprobado como una ley orgánica.
Según el proyecto de ley, la Dirección Nacional de Inteligencia se crea como órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia, bajo la dependencia del presidente de la República, con la misión de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional e interior, a los fines de prevenir y contrarrestar cualquier riesgo, amenaza o agresión a la Constitución de la República, a las instituciones democráticas y a la seguridad y defensa de la nación.
Reparos
A diferencia de la ley derogada por el TC, la nueva pieza prohíbe que la DNI exija informaciones a los ciudadanos sin una orden judicial, punto de mayor crítica de sectores en la legislación atacada en el alto tribunal.
El artículo 13 establece que toda información necesaria para el cumplimiento de las finalidades de la Dirección Nacional de Inteligencia, cuando involucre procedimientos especiales de obtención de información, según se define en la presente ley, “estará sometida a la autorización y control judicial”, según lo dispuesto en esta ley y observando los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal de la República Dominicana. “Estas actuaciones y la información obtenida tendrán carácter reservado”, indica.
Reglamento en 90 días
La Dirección Nacional de Inteligencia, en un plazo no mayor de 90 días, a partir de la entrada en vigencia, elaborará y propondrá al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación de la presente ley.
Bloque PLD propone creación de una comisión como contrapeso
Tras aclarar que el PLD no se opone a que haya una ley que modernice y regule todo lo que tiene que ver con el tema de inteligencia a nivel del Estado, Danilo Díaz explicó que habría que precisar algunas de las disposiciones de la legislación que colocan en una condición muy abierta y subjetiva, y que daría mucha discrecionalidad a la DNI.
Dijo que el proyecto le otorga facultades amplias a la DNI, algunas necesarias, pero otras redactadas con excesiva generalidad, que podrían permitir interpretaciones discrecionales en materias “tan sensibles” como la libre expresión, el derecho al tránsito, la protección de la vida privada y el debido proceso.
Propuso, además, la creación de una comisión de legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que sirva como contrapeso en el manejo del tema de la inteligencia a nivel del Estado, como existe en otros países.
“Nos preocupa, por ejemplo, que se hable de investigar cualquier actividad que atente contra los intereses nacionales, sin una definición objetiva y verificable que habilite el acceso a datos específicamente protegidos, y que el régimen de secreto y gasto reservado concentre el control casi exclusivamente en el Poder Ejecutivo, sin un contrapeso democrático efectivo”, externó el legislador en su turno de ponencia.
Bancada FP dice proyecto solo protege el secreto de la fuente a los periodistas y no de otras
Al hablar en nombre de la bancada de Fuerza del Pueblo, el vicevocero, Carlos de Pérez, resaltó que aunque el proyecto tuvo algunas mejoras en la comisión que lo estudió, mantiene falencias que tocan derechos fundamentales.
Criticó que lo único que se protege en la legislación es el secreto de la fuente a los periodistas, pero que hay secretos de otras fuentes que no están protegidos, como por ejemplo de líderes religiosos, abogados y contadores públicos autorizados, “que tampoco están protegidos en función de la profesión que ejercen”.
Manifestó que la iniciativa aumenta la discrecionalidad de los organismos de seguridad del Estado y permite que, en alguna forma, se violen derechos establecidos en la Carga Magna.
Ramón Bueno y Pacheco defienden legislación
El proyecto de ley fue motivado por el presidente de la Comisión Permanente de Defensa a cargo de su estudio, diputado Ramón Bueno, quien aseguró que el marco legislativo recoge los ajustes necesarios tras la sentencia del Tribunal Constitucional y refleja un esfuerzo por construir una normativa equilibrada y respetuosa de la Carta Magna.
Se trata -según detalló- de una iniciativa que fue trabajada con apertura, se escuchó a distintos sectores y se tomó en cuenta observaciones que permitieron fortalecer su contenido, en especial en lo relativo a la protección de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión y la labor de los medios de comunicación, sin afectar los objetivos legítimos de la seguridad del Estado.
Frente a los comentarios de la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó que los derechos fundamentales están llamados a ser normados por la ley, y no una simple, sino orgánica.
Precisó que el Estado dominicano, al igual que todos los demás, debe tener normas que regulen los aspectos que aglutinan la seguridad nacional. En ese sentido, afirmó que es una necesidad para el país que haya un marco regulatorio para muchas deficiencias que se tienen en dicha materia.
Sesión este viernes
Los diputados quedaron convocados a sesionar el próximo viernes 9 del mes en curso, a las 10:00 de la mañana.
