El Congreso Nacional tiene una ardua labor y un gran reto con las 20 iniciativas legislativas que el Senado de la República definió como prioridades en esta segunda legislatura ordinaria que se extiende hasta el 12 de enero de 2027.
De esos proyectos de ley -en trámite, recién reintroducidos y pendientes de sometimiento- hay dos que, hasta el momento, enfrentan las mayores dificultades para sus eventuales salidas en las cámaras legislativas, una vez sean reintroducidos y se inicien sus trámites, debido a que algunos sectores a los que estos impactan directamente no quieren que sean sometidos nueva vez.
Una de las legislaciones es la reforma a la Ley 16-92, que aprueba el Código de Trabajo; la otra es el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, el cual sustituiría la arcaica Ley 6132, sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento, vigente desde el 15 de diciembre de 1962. Ambas reformas legislativas fueron sometidas en la Cámara Alta por el presidente Luis Abinader, aunque en la última no puso “ni una coma”.
Reforma laboral
Las tres centrales principales del país solicitaron al Congreso Nacional que el proyecto de ley de reforma laboral, que perimió en la pasada legislatura y por segunda ocasión en la Cámara de Diputados, no sea conocido “hasta que el tiempo permita condiciones más favorables para la concertación nacional”.
Las tres entidades representan a los trabajadores y, junto al Gobierno y al sector empresarial, componen el tripartismo, que fue a través del cual se elaboró el proyecto de ley que el próximo 10 de octubre va rumbo a los dos años dando vueltas en la sede parlamentaria.
Las confederaciones Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y Autónoma Sindical Clasista (CASC), presididas por Rafael –Pepe- Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel del Rio Doñé, respectivamente, han dicho que durante dos años sostuvieron un diálogo con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) que fue mediado por el entonces ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que culminó con un acuerdo tripartito que fue entregado al presidente Luis Abinader, quien lo remitió al Congreso Nacional y que, “para sorpresa” de las centrales, el sector empresarial manifestó su inconformidad con lo que las partes habían acordado.
Aunque los empresarios piden que la reforma laboral vuelva a ser discutida para tratar supuestos puntos “fuera de la cesantía” excluidos en el proyecto de ley que caducó, Abreu, Ramos y Del Río rechazan la solicitud, al explicar que los patronos quieren mantener el tema abierto para tocar el tema de las prestaciones laborales –manzana de la discordia-, el cual, según ellos, quedó cerrado.
Más de siete meses que “murió” y nadie la rescata
El proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales generó tanto rechazo en el país desde que fue presentada al Congreso el 2 de mayo de 2025, que hace más de siete meses que perimió y aún no ha sido reintroducida. De los 190 diputados y 32 senadores, ninguno se ha atrevido a rescatarla.
Desde su llegada al Senado de la República, la legislación estuvo rodeado de críticas y el repudio de algunos sectores, tales como abogados, dirigentes políticos, influencers y movimientos cívicos, siendo el punto más controversial del marco legislativo la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), órgano regulador visto por esos oponentes como un posible instrumento de control.
Además de las discusiones por la creación y funciones del Inacom, los debates en la normativa se centraron en aspectos como la regulación de redes sociales y plataformas digitales, así como preocupaciones constitucionales sobre libertades fundamentales, entre otros puntos.
Las críticas a la iniciativa fueron tantas, que Namphi Rodríguez, coordinador de la comisión que trabajó la pieza, propuso al Senado -sin éxito- retirar el capítulo de las redes sociales y tratarlo en una ley especial.
Ante los tantos ataques, el proyecto de ley perimió la medianoche del 13 de enero de 2026 “sin un coronel que le escriba”.
