El Poder Ejecutivo depositó ayer en el Senado el proyecto de ley general de concesiones de bienes, servicios y obras públicas que establece contratos con una duración de entre cinco y 40 años, según la naturaleza del proyecto, la inversión requerida y el período razonable para recuperar los recursos invertidos.
La propuesta, recibida por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, busca establecer un marco jurídico para regular las concesiones entre el Estado y el sector privado, así como fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión de bienes, servicios y obras públicas.
El artículo 32 del proyecto dispone que el plazo de los contratos no podrá ser inferior a cinco años ni superior a 40, salvo que exista una disposición legal especial. También establece condiciones para las prórrogas, que deberán responder a causas objetivas, sobrevenidas y debidamente justificadas.
El mismo artículo señala que las extensiones vinculadas a modificaciones contractuales deberán responder a necesidades comprobadas y contar con un informe técnico de la entidad concedente y la aprobación del órgano rector.
La iniciativa fue recibida por De los Santos, quien informó que será colocada en agenda para su conocimiento y posterior remisión a una comisión legislativa, antes de ser sometida al pleno del Senado.
Nuevo sistema de concesiones
El proyecto contempla la creación del Sistema Nacional de Concesiones Públicas, bajo la rectoría de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), y del Consejo Nacional de Concesiones, encargado de deliberar y adoptar decisiones sobre los proyectos en los casos previstos.
Asimismo, establece la licitación pública nacional o internacional como mecanismo para seleccionar a los concesionarios, con criterios objetivos de evaluación, publicidad de los procedimientos y obligaciones de supervisión y rendición de cuentas.
La iniciativa incorpora medidas para prevenir conflictos de interés, restricciones para personas físicas y jurídicas incursas en prohibiciones e inhabilidades, y un régimen de infracciones y sanciones ante incumplimientos e irregularidades.
También regula la distribución de riesgos entre el Estado y el sector privado, la supervisión financiera de los proyectos, las modificaciones contractuales y las condiciones para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Al explicar el alcance de la propuesta, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que busca incorporar las concesiones al régimen nacional de contrataciones públicas, debido a la ausencia de una regulación específica para esta modalidad contractual.
El proyecto deberá agotar el procedimiento legislativo correspondiente en el Senado y, si es aprobado, pasar a la Cámara de Diputados para continuar su trámite constitucional.
Parte de los aspectos relevantes de la pieza
Otro de los aspectos relevantes del proyecto es la regulación de las tarifas que se cobrarán por los servicios concesionados. La pieza establece que cualquier revisión o ajuste tarifario durante la ejecución del contrato deberá contar con una justificación técnica y financiera, aplicar criterios objetivos y obtener la aprobación del Consejo Nacional de Concesiones. La propuesta prohíbe modificar las tarifas antes del inicio de las operaciones y durante los primeros dos años de prestación del servicio, salvo las excepciones contempladas en la ley, el contrato o la normativa sectorial aplicable.
