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Si los organismos del Estado se articulan pudieran mejorar lucha contra delincuencia y búsqueda de desaparecidos

Los organismos de seguridad del Estado, así como los encargados de la persecución del delito, se enfrentan diariamente a casos en donde es necesario identificar a una víctima, un cadáver, un presunto infractor de la ley, una persona desaparecida o con problemas psicológico que no le permite articular adecuadamente las palabras, y se podría creer que el Estado no cuenta con instrumentos para determinar de quién se trata si este no porta un documento de identidad.

La verdad es que sí. Sí se puede. La pregunta obligatoria sería: ¿todas ellas cuentan con las herramientas para hacerlo? Ahí el panorama cambia.

La Junta Central Electoral, guardiana de la identidad en la República Dominicana, cuenta con una base de datos biométrico que articulado con los diferentes entes del Estado contribuiría, como en muchos casos lo hace, a dar respuestas a situaciones que puedan presentarse con criminales que huyen y falsifican identidades, pero también con personas no infractoras de la ley.

Es frecuente que ante la Policía Nacional o el Ministerio Público las personas en conflicto con la ley mientan respecto a su nombre, edad e incluso lugar de residencia. Actualmente, durante un proceso llevado a cabo por la Junta Central y la Procuraduría General de la República en las cárceles, se pudieron determinar las reales identidades de privados de libertad gracias al Sistema De Identificación Biométrica Automatizado (ABIS) que tiene la Junta. “Nosotros hemos encontrado personas que en el Ministerio Público dieron un nombre y están con otros”, señaló Américo Rodríguez, director de cedulación.

El funcionario reconoce que la JCE tiene las herramientas institucionales que mediante convenios interinstitucionales pueden ser puestos al servicio de los diversos organismos estatales y esto podría en gran manera contribuir a diseñar y desarrollar mejores políticas públicas.

Hace referencia a varios casos en los que la entidad ha colaborado con la Policía para la identificación de personas encontradas decapitadas o los trabajos realizados en el año 2014 para identificar al joven que incendio uno de los vagones del metro. Todo se logró con el Sistema de identificación de la entidad, el cual mediante las fotografías o capturas de videos de las cámaras de seguridad puedo lograr determinar la persona responsable del hecho.

Cada quien por su lado

El gran problema es que no hay una base de datos unificada, puesto que cada entidad de manera particular almacena sus datos y solo cuando se solicita colaboración para el choque de la información es cuando se producen resultados en conjunto.

La Junta Central reconoce que hace unos años, se conformó un comité integrado por la Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la república, Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección General de Migración, entre otras, con la finalidad de intercambiar información para la creación de un sistema de datos criminal pero no se logró porque una de las entidades envueltas quería ser el dueño de la central de información.

Hasta finales del mes pasado, 144 personas fueron reportadas desaparecidas en lo que va de año de acuerdo a las estadísticas recopiladas por la Procuraduría General de la República. En el año 2021 desaparecieron 201, en el 2020 las fiscalías recibieron 95 denuncias de desapariciones y en el 2019 contabilizaron 266, de los años anteriores no se tienen cifras.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ha hecho 1095 inhumaciones de cadáveres no reconocidos o reclamados del año 2017 a la fecha en sus cinco regionales de los cuales, un alto porcentaje correspondería a extranjeros de nacionalidad haitiana. En lo que va de este año 145 personas han sido sepultadas con códigos que permitiría identificarlos en caso de que sus parientes aparezcan.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales de la Procuraduría y la Junta Central tienen previsto realizar un operativo para dotar a unos cinco mil privados de libertad de cédula de identidad y declarar a otras 370 personas que no cuentan con documentos de identidad, las cuales fueron procesadas judicialmente.

Las cifras antes mencionadas, son una clara evidencia de la importancia de que los diferentes entes del sistema que resguardan datos biométricos, tuviesen una base de datos unificada que les permita acceder a ellas para los fines propios de sus labores.

“Debería ser un solo sistema. Debería de haber una base de datos de desaparecidos de manera oficial con fotos y toda la información donde desde la morgue se pueda verificar para saber si ese cadáver es un desaparecido”, explicó Francisco Gerdo, director del Inacif.

Lo planteado por Gerdo es secundado por otros actores del sistema que entienden que debe de existir una base unificada que debería ser alimentada por los organismos de investigación criminal, Migración, Ministerio Público y Poder Judicial, ya que esto contribuiría a perseguir el crimen pero también a localizar personas reportadas desaparecidas.

“El tener acceso a esa información biométrica permite identificar rápidamente a quien tú tienes en frente. Por ejemplo, en las famosas redadas no sería necesario llevarse a alguien por 24 o 48 horas para un cuartel para hacerle una depuración, cuando perfectamente se podía hacer en línea” explicó Américo Rodríguez.

“Esa depuración en línea te permite encontrar lo criminales y no criminales, es decir que se hace una depuración instantánea del caso”, añadió el director de cedulación de la Junta central Electoral.

Explicó que la base de datos de la JCE tiene habilidades para reconocer el patrón venoso, huellas investigativas, reconocimiento facial y reconocimiento del iris, es decir, tiene la capacidad de emitir alertas cuando una persona buscada por las autoridades se presenta a un espacio habilitado para captar datos biométricos aunque esta se haya cambiado la identidad.

También ayuda a detectar casos de falsificación o duplicidad de identidad.

Américo Rodríguez, director de cedulación de la Junta Central Electoral.

No hay regulación de datos biométricos

Las instituciones públicas no son las únicas que tienen sus propias bases de datos biométricos, también las entidades de intermediación financiera y de otra naturaleza comercial en la República Dominicana se han dedicado a generar sus propios bancos de datos personales.

Ahora es normal ir a los bancos y ver que le piden las huellas dactilares para cualquier transacción que se vaya a realizar o ir a centros de servicios telefónicos en donde se te toma una fotografía para guardar tus datos, previo a que se adquiera un servicio.

Todo eso se hace sin una regulación. No hay una ley ni instrumento que regule cómo, bajo qué condiciones o circunstancias las entidades públicas y privadas retienen esos datos.

“No hay una normativa jurídica que regule el procesamiento de la biometría, nosotros tenemos que trabajar en eso porque eso forma parte de tu identidad y de tus datos personales” reconoció el director de cedulación al referir que por mandato constitucional y de ley, la Junta es la guardiana de la identidad en la República Dominicana.

“Ahora mismo cualquiera puede guardar tus huellas… Lo pueden guardar porque no hay nada que lo prohíba porque no hay un marco legislativo que diga que está dentro de los datos sensibles. Y estamos apostando a que eso sea resguardado”, puntualizó al comparar que en otros países eso sí está normado por ley.

706
Desaparecidos Del año 2019 hasta el pasado mes de julio, unas 706 personas fueron reportadas desaparecidas

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